Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Una vez iniciado el proceso de juicio político, el 16 de mayo, pasado el mediodía, el presidente Guillermo Lasso acudió ante la Asamblea Nacional. En la intervención no solo hizo su defensa, sino que enfatizó en la “estabilidad” del país, utilizando una serie de cifras y hechos aislados (https://bit.ly/3Miu3Ak). / Sin embargo, a las 7am del siguiente día, en cadena de radio y tv, anunció el decreto 741 por el que disolvía la Asamblea, aplicando la “muerte cruzada” y utilizando la causal de “grave crisis política y conmoción interna” (https://bit.ly/3pQnOMx ; https://bit.ly/41WAmPE). El 18 de mayo, entrevistado por CNN (https://bit.ly/45eG3LK), Lasso no solo volvió sobre su defensa, argumentó contra el “bloqueo” permanente de la Asamblea, aclaró la “constitucionalidad” de su decisión, y dio a conocer que reunió a sus funcionarios del Estado para decirles: “tenemos que hacer, en 5 o 6 meses, lo que nos tocaba hacer en los próximos 2 años”. Pero, además, remarcó: “la decisión de disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con el art 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la Fiscal, luego por el Contralor, por el Procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente (se refiere a Rafael Correa), que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia”.
En una intervención igualmente difundida al país, las Fuerzas Armadas y Policía anunciaron respaldar la decisión de Lasso y sentenciaron que es “constitucional” (https://bit.ly/41SSqtZ). Mucho más tarde la Corte Constitucional desechó toda demanda de inconstitucionalidad, con un argumento sorprendente: “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país” (https://bit.ly/45hX1Zw). Y, como no podía faltar, también el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick dijo que Estados Unidos “respeta los procesos internos y constitucionales de Ecuador” y “seguirá trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano” (https://wapo.st/3Wq7dLx).
Así es que el cuadro está completo. Por primera vez en la historia de la democracia ecuatoriana, un presidente fue sometido a un juicio político, interrumpido con la “muerte cruzada”. Un gobierno con desaprobación ciudadana entre el 80 y 90%, similar a la que ha tenido la Asamblea Nacional, ha querido evitar el bochorno internacional de la destitución por presunto peculado, al mismo tiempo que se auxilia en la Constitución de 2008, la del “correísmo-chavismo”, como ha sido atacada desde las derechas políticas y “académicas” (https://bit.ly/3Omz4ue). El gobierno de los gerentes, de los “libertarios” que soñaban en el paraíso neoliberal, de quienes saben hacer la riqueza, administrar el Estado como una empresa, generar trabajo y hacer buenos negocios, fracasó en dos años y termina social y políticamente derrotado. Como ya ocurrió en el pasado con el gobierno del millonario León Febres Cordero (1984-1988), los empresarios en el poder otra vez han demostrado carecer de la visión y los conocimientos capaces de dar solución a las deterioradas condiciones de vida y de trabajo de la población y de promover el desarrollo nacional con bienestar. Han creído que la economía está bien cuando funciona exclusivamente para su beneficio. Solo que esta vez se suma la imparable delincuencia y la inseguridad, un fenómeno que comenzó a ascender durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien revivió el modelo empresarial-neoliberal, y que ha explosionado, en forma inédita en la historia republicana, durante el gobierno de Guillermo Lasso, de acuerdo con los múltiples informes y estudios que existen sobre el tema (https://bit.ly/3MJDBp7). Desde luego, solo a las mentes que han apoyado estos “cambios de rumbo” se les ocurre pensar que la inoperancia, ocasionada con el “achicamiento del Estado” por parte de dos gobiernos de las derechas económicas y políticas sucedidos desde 2017, son consecuencias de las herencias del “correísmo”.
La crisis política que ha vivido Ecuador solo parece actual; pero si se atiene a las palabras del presidente Lasso, viene desde mucho antes, pues “desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”, esto es, desde junio 2022, cuando, según el mandatario, se produjo la protesta de “los violentos” (el movimiento indígena) unidos a la Asamblea. Bajo la lupa sociohistórica, es el resultado de la conflictividad y de la polarización sociales que solo han crecido. El gobierno endosa a cada uno las responsabilidades: la Asamblea disuelta; el PSC, antiguo socio político, cuestionado por su “alianza” con el “correísmo” que el mismo partido niega (https://bit.ly/43iuSA1); el “correísmo” atacado por querer retornar al Estado y, por cierto, aceptando una salida política que su máximo líder reclamaba hace tiempo (aunque Correa califica la decisión de Lasso como “fraude democrático” – https://bit.ly/41WcaNx); los movimientos sociales y particularmente los indígenas descalificados, reprimidos y al borde de ser considerados “terroristas”. La discusión jurídica sobre el tema, que viene desde todos los ángulos imaginables, aunque es importante, tiene el riesgo de desenfocar el telón de fondo de las realidades socioeconómicas del país.
Hablando con perspectiva histórica, lo que se ha producido es una solución política temporal, que conduce a que las próximas elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo dentro de los 6 meses, se conviertan en el espacio de disputa para la reconfiguración de las fuerzas sociales en el control del Estado. Pero, lo que está atrás de todo este drama es la conducción económica. Si Ecuador no encara la definitiva sepultura del modelo empresarial-neoliberal y oligárquico reconstruido desde 2017, no habrá cambios en el rumbo nacional y peor desarrollo con bienestar humano y colectivo. Y, por lo que declara el mismo mandatario en retirada (“A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes…”), en los próximos meses, el bloque de poder de las derechas económicas y políticas, buscará que queden blindados, con un aparato legal ultraliberal, los intereses de la poderosa y atrasada oligarquía ecuatoriana. Ha resultado memorable que, haciendo suyas las famosas palabras del expresidente Jaime Roldós (1979-1981), atacado de “comunista” por las élites del poder de su época, el presidente Lasso repita: “Mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano”.
ECUADOR EN UNA COYUNTURA DE PARADOJAS
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Después de una década de dictaduras militares, que felizmente no siguieron el rumbo del terrorismo de Estado que se instaló en el Cono Sur para extirpar al “comunismo” en América Latina, Ecuador inició, en 1979, la más larga fase de gobiernos constitucionales de su historia. Prácticamente se han sucedido cuatro ciclos: el primero, entre 1979-1996 con 5 gobiernos (1 por sucesión constitucional); el segundo, entre 1996-2006 con 7 gobiernos (3 electos y derrocados, más 1 dictadura nocturna); el tercero, entre 2007-2017 con 1 presidente reelegido en 2 oportunidades, y el cuarto, entre 2017-2023, con 2 gobiernos. Han regido 3 Constituciones: 1979, con enfoque desarrollista; 1998, que consagró el neoliberalismo; y 2008, con los principios de una economía social del Buen Vivir. Durante cuatro décadas y media se afirmó la democracia representativa, que no es lo mismo que una democracia social.
A partir del desarrollismo inicial, desde 1984 los sucesivos gobiernos, a pesar de sus diferencias ideológicas, consolidaron un modelo de economía empresarial. Se dijo que respondía a las condiciones mundiales determinadas por la globalización transnacional y el derrumbe del socialismo de tipo soviético, que volvían utópica la búsqueda de una sociedad postcapitalista. Pero respondió también a la crisis de la deuda externa, los condicionamientos del FMI y la difusión de la ideología neoliberal. Ese proceso fue interrumpido durante la década 2007-2017, porque logró impulsarse un modelo de economía social distinto, con fuertes capacidades estatales, que desplazó la hegemonía empresarial privada y el privilegio al capital en el Estado. Desde 2017 este ciclo fue revertido por dos gobiernos sucesivos, que recuperaron el modelo empresarial y, además, lo han reforzado con características oligárquicas, similares a las que América Latina mantuvo hasta mediados del siglo XX y que Ecuador desarrolló particularmente entre 1912-1925, durante la primera “época plutocrática”.
La evolución del Ecuador no está alejada de lo que ocurrió en América Latina. Los gobiernos empresariales, inspirados en el neoliberalismo, han sido devastadores en la región, al impedir transformaciones sociales para el bienestar colectivo. El privilegio de los negocios privados, afectando todo tipo de capacidades estatales, desnaturalizó el desarrollo económico, convirtiendo a la democracia representativa y al régimen político en instrumentos de afirmación del poder de los grandes grupos económicos y de garantía de las rentabilidades privadas. Los gobiernos progresistas del primer ciclo, que articularon economías sociales, fueron gravemente perseguidos y sus logros destruidos por la recuperación del poder por parte de las derechas políticas más radicales, las elites ricas y los grupos económicos. Desde 2017 en Ecuador se produjo una literal destrucción de fuerzas productivas, al descuidarse servicios que ya estuvieron avanzados y al abandonar, bajo su natural deterioro, a las mayores obras e infraestructuras construidas en una década. Es un fenómeno históricamente inédito.
Los gobernantes del segundo ciclo progresista, que no han logrado un frente común por las evidentes debilidades y claudicaciones políticas en varios países, no por ello han dejado de ser asediados desde el primer momento por las elites económicas y las fuerzas políticas desplazadas, que buscan cohesionar bloques de poder unidos con el único propósito de impedir una nueva afectación a sus intereses. El golpismo despierta en Colombia. Mientras en Ecuador el gobierno de Guillermo Lasso, deslegitimado socialmente y confrontado con antiguos aliados de la derecha política, ensaya todo tipo de acciones para sostenerse ante un juicio político en marcha, sin dejar de contar con el respaldo del grueso del bloque de poder empresarial, político y mediático, que a toda costa busca impedir el retorno del “correísmo” o de lo que cree que es.
Se ha clarificado en la región el contenido de la actual coyuntura histórica: hay una confrontación entre bloques de poder empresariales-oligárquicos (cada vez con mayores vínculos mafiosos), dispuestos a defender el sistema de economías para el privilegio privado, rentista y elitista, mientras, en el otro frente se encuentra el conjunto de la ciudadanía, con empresarios menores y diversificadas capas medias, bajas y populares, que anhelan economías sociales para el bienestar colectivo. En esta confrontación central, la misma democracia representativa está en jaque, porque las derechas empresariales y políticas (neo-derechas) se volvieron anti democráticas, rechazan el pluralismo, condenan a los movimientos sociales y no están dispuestas a que su poder acabe en manos de “comunistas”, “terroristas” o “progresistas”.
Lo paradójico es que también en las filas de las izquierdas hay ambigüedades. En Chile partidos como el Comunista se unen a las derechas pinochetistas que ahora hegemonizan el proceso constituyente; mientras en Ecuador partidos de la izquierda tradicional, junto con una serie de líderes y dirigentes del FUT, Pachakutik y CONAIE apuntalaron al gobierno de Lenín Moreno y lo repitieron con el de Guillermo Lasso. En el juicio político que deberá afrontar el presidente, son asambleístas de Pachakutik, la Izquierda Democrática y varios “independientes” los que han anticipado pronunciamientos en defensa del mandatario (https://bit.ly/42Sf5HH).
Ecuador, país poco estudiado en el contexto latinoamericano, tiene singulares experiencias históricas que pueden compararse con otros. Hasta 2016, llegó a ser el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile (los informes y estudios al respecto son contundentes; entre tantos: https://bit.ly/3M1GqAD ; https://bit.ly/3I8oQK9 ; https://bit.ly/3nWliDE ; https://bit.ly/42Dl2sn ; incluso un Informe de la Policía Nacional en 2016, que ya no está en la página web: https://bit.ly/42UknSW). Pero ahora, de la mano de gobiernos derechistas, es el país más inseguro (https://bit.ly/42UC4Ss ; https://bit.ly/3Bn7rJJ ; https://bit.ly/3Bmaim7), en una región en la que se extiende, en forma imparable, la delincuencia internacional. Hace poco se aprobó en Chile la jornada laboral de 40 horas semanales, una conquista conseguida en Ecuador en 1979. En ambos países las consignas empresariales desnaturalizaron esa jornada, sujeta ahora al reparto semanal a conveniencia del capital. La nueva Constitución chilena va a ser fruto de un proceso hegemonizado por el pinochetismo y las derechas, está sujeta a una comisión de expertos (puede seguirse los esclarecedores análisis del historiador chileno Sergio Grez); pero en Ecuador, una asamblea constituyente, que se asumió por encima de los intereses nacionales y populares, aprobó la neoliberal Constitución de 1998, que ahora añoran los grupos de poder, en contra de la progresista Constitución de 2008. En Chile, el presidente Garbiel Boric ha frustrado las esperanzas del progresismo latinoamericano; mientras en Ecuador el presidente Lasso ha frustrado las de sus aliados, que ven con terror el posible retorno del “correísmo” y, por tanto, concluyen en defenderlo, a pesar de que claman contra su ineptitud. En Argentina se discute la posibilidad de “dolarización” monetaria, que en Ecuador se adoptó en 2000, por presión de un sector empresarial y del capital financiero.
En Ecuador hay un amplio sector social progresista, democrático y de izquierdas que anhela ser representado por alguna fuerza política renovadora que supere la vía empresarial oligárquica en que se halla el país y que solo ha traído el estancamiento del desarrollo nacional con el privilegio a las élites del capital privado.
NEO-DERECHAS EN AMÉRICA LATINA
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
En el lenguaje cotidiano, pero también en los estudios académicos se utiliza los términos “derecha” e “izquierda” (con sus matices de centro, ultra, radical, nueva, post, o cualquier otro), para caracterizar la inclinación política a favor o en contra de ciertas personas, partidos o clases sociales. Son términos operativos, para una identificación rápida, entendible, aunque sin la rigurosidad suficiente para definir el sentido de las estructuras históricas a las que pretenden representar.
En la configuración de los Estados latinoamericanos del siglo XIX las categorías fueron otras. Predominó la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, denominados igualmente como pipiolos y pelucones (Chile), blancos y colorados (Uruguay), y normalmente expresados a través de caudillos, antes que por partidos plenamente estructurados. Les diferenciaron la inclinación por los hacendados, la tradición, el catolicismo, la familia y la Iglesia (conservadores) o a favor de las burguesías emergentes, los derechos civiles, el laicismo, la apertura económica al mundo (liberales). En cambio las luchas de los campesinos, los indios o los esclavos, eran identificadas como rebeliones y sublevaciones, liquidadas con inexorable represión y mortandad.
Con el desarrollo del capitalismo latinoamericano, desde inicios del siglo XX nacieron las clases trabajadoras asalariadas y se diversificaron las tendencias políticas con el surgimiento de los radicales (ala izquierda del liberalismo) así como de los partidos socialistas y comunistas, con quienes igualmente nació el espectro político de las izquierdas. En la derecha política quedaron conservadores y liberales, porque ambos pasaron a defender el capitalismo y la estructura histórica tradicional derivada del régimen oligárquico, mientras las izquierdas eran anticapitalistas. El influjo del falangismo español, del fascismo italiano y hasta del nazismo alemán, condujo a la creación de partidos de la “extrema derecha” latinoamericana, ligados a sus tesis y principios, como se ha estudiado en Fascismos Iberoamericanos (2022), obra editada por Gabriela de Lima Grecco y Leandro Pereira Goncalves, que contiene un artículo sobre Ecuador, de Carlos Espinosa F. También aparecieron fuerzas “populistas” que, en estricto rigor, lograron inclinarse a la atención de los intereses de la población en general, para avanzar reformas sociales (por ejemplo APRA, en Perú, 1930), utilizando mecanismos de movilización, organización y reclutamiento de masas, que luego serían asimilados por todos los partidos políticos.
Es la Guerra Fría, a partir de la década de 1950, la que polarizó los conceptos: ser de izquierda acercaba al “comunismo”, considerado como izquierda “radical”; mientras ser de derecha implicaba mantener una visión tradicionalista y conservadora, de modo que surgieron los partidos modernizantes del “centro”, como los socialdemócratas (en la “centro-izquierda”) entre los que destacó Acción Democrática en Venezuela (1941) o Izquierda Democrática en Ecuador (1970) y los democristianos (en la “centro-derecha”) entre los que están COPEI en Venezuela (1946) o el PDC de Chile (1957), más aceptables por alejarse de los “radicalismos”. Así, en forma maniquea, las izquierdas fueron concebidas como potenciales o reales amenazas a la democracia, las libertades y el Estado. Las dictaduras militares inspiradas en la perniciosa doctrina de la seguridad nacional, no tuvieron empacho alguno en librar la “guerra interna” contra el único enemigo: las izquierdas, tratadas incluso como terrorismo y subversión, en las que se incluyeron los movimientos obreros, de campesinos y, en general, de los trabajadores. América Latina conoce bien esa experiencia de genocidios y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como ocurrió en el Cono Sur.
La globalización transnacional en las décadas finales del siglo XX impulsó la hegemonía de las derechas económicas, cuya base está en grandes grupos empresariales, identificados con el neoliberalismo. Gobiernos a su servicio consolidaron modelos de economías empresariales que, en varios países (Ecuador entre ellos) revivieron políticas y comportamientos oligárquicos. Pero los riesgos de una globalización multipolar, con ascenso de regiones y países que impulsan economías diferentes a las neoliberales (China, Rusia, BRICS), más el avance de las nuevas izquierdas latinoamericanas y el despegue de gobiernos progresistas en dos ciclos diferentes, han determinado el desarrollo de las nuevas derechas latinoamericanas. Estas conjugan diversos “valores” y comportamientos políticos: racismo, clasismo, xenofobia, tradicionalismo, conservadurismo, elitismo; desprecian el pluralismo, condenan a los movimientos sociales, rechazan las políticas de género, se definen “pro-vida”; ahora también se identifican con el hispanismo y el iberoamericanismo (siguen a Vox y sus partidarios, al punto de negar la conquista y el coloniaje); son fanáticas anti-izquierdistas y tildan a todos de “comunistas”; los más recientes se autodefinen como libertarios o anarcocapitalistas, son seguidores de F. Hayek y M. Rothbard y tienen al “paleolibertario” argentino Javier Milei como su gran referente (https://bit.ly/3peI4He).
Pero tras esa aparente maraña, estudiada en el reciente libro Extremas derechas y democracia: perspectivas iberoamericanas (2023), editado por José Antonio Sanahuja y Pablo Stefanoni (aunque hay allí algunas imprecisiones al mezclar en la misma “derecha” a personajes y regímenes que deberían ser diferenciados: Putin, Bolsonaro, Kast, Trump, Bukele, Abascal, Le Pen, Meloni, etc.), no cabe perderse: las nuevas derechas latinoamericanas son, por sobre todo, económicas y neoliberales, aunque algunas “condenen” en palabras la globalización. Les identifica la misma ideología en torno al achicamiento (o desaparición) del Estado, el rechazo a los impuestos, las consignas flexibilizadoras y precarizadoras del trabajo, la supervaloración del individuo emprendedor, la libertad en los mercados, la oposición a la redistribución de la riqueza, la defensa de la propiedad privada y de las privatizaciones. Es sobre esta base económica que ahora también construyen su “superestructura” política y cultural con valores y principios basados en la tradición, el abolengo o cualquier otra definición elitista. Se une, además, el autoritarismo y el señalamiento a los movimientos sociales como violentos, terroristas y hasta paramilitares.
En consecuencia, se vive un momento histórico de paradojas: mientras las izquierdas defienden la democracia representativa (o “burguesa”), las libertades, los derechos y el pluralismo, cuestionando al capitalismo y a los regímenes de dominio político de grandes grupos económicos, las nuevas derechas cuestionan la democracia liberal, arremeten contra las instituciones del Estado, rechazan el pluralismo político y a los movimientos sociales, reivindican el autoritarismo de clase. América Latina corre peligro ante el avance de estos neofascismos.
