Rodrigo Santillán Peralbo
Los pueblos ejercen el legítimo derecho a la protesta cuando los gobiernos comenten errores y disposiciones que violan los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales. En el pasado mes junio,18 días duró el Paro Nacional y Levantamiento Indígena del Inti Raymi, organizado por la CONAIE, FEINE y FENOCIN que firmaron un acta en la que se establecieron los logros alcanzados que originaron las mesas técnicas de diálogo para que se cumplan acuerdos a los que se comprometió el gobierno nacional, en relación a la agenda de 10 puntos.
El inicio de las mesas temáticas estuvo en riesgo debido a las declaraciones del presidente Lasso, que fueron rechazadas por el Movimiento Indígena que acusó al Presidente de “mentir, atacar, desprestigiar y difamar al Movimiento y su derecho a la legítima protesta social.” Leonidas Iza, presidente de la CONAIE expresaba: “En las mesas debe quedar claro que luchamos como pueblos y nacionalidades sobre un derecho, más no vinculados a los procesos que se nos está acusando como el narcotráfico”. Las declaraciones de Lasso atentan y deslegitiman a la protesta social.
Superados los insultos, se instalaron las mesas temáticas sobre la focalización de subsidios a los combustibles y moratoria de deudas en la banca pública, privada y cooperativas. Es loable que luego de las discusiones se haya logrado el primer acuerdo sobre condonación de deudas, reestructuración, refinanciamiento y recalificación de deudores. No soluciona la totalidad del problema, pero es un paso significativo,
Un tema en extremo delicado se refiere al uso excesivo de la fuerza por parte de los aparatos represivos del Estado que ocasionó muertes, heridos, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta. ¿Será capaz el gobierno de asumir sus responsabilidades?
La CONAIE ha sido clara al decir: “Exigimos al Gobierno Nacional que asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza represiva contra la población llevada a cabo por la policía y militares, que ocasionó asesinatos, heridos, detenciones, persecución y criminalización; demandamos la reparación integral a las víctimas, el cese inmediato de la persecución y estigmatización a los dirigentes y a todo el movimiento indígena.
10 MESAS TÉCNICAS DE DIÁLOGO
El Gobierno Nacional ha acogido una parte de las demandas presentadas en la Agenda de 10 puntos de la CONAIE, FEINE, y FENOCIN con medidas compensatorias anunciadas públicamente. Se reconoce que es necesario identificar en conjunto las mejores vías para estas soluciones y la importancia de dialogar, para esto acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos. Se garantizará la presencia de las Funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados.
Al frente han estado Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, Ministro de Gobierno, Leonidas Iza Salazar, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); Eustaquio Tuala, Presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE); Gary Espinoza en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN); y Monseñor Alfredo Espinoza Mateus, en su calidad de Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
ACUSARON A CARRILLO DE QUERER CONFRONTACIÓN
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, incluso se atrevió a detallar un supuesto monto de entre USD 750.000 y USD 800.000 por día con el cual el narcotráfico habría financiado el paro nacional de 18 días. La CONAIE dejó en evidencia esta terrible falacia, rechazando esta acusación, argumentando que el paro duró 18 días por la incapacidad y falta de voluntad del gobierno más no por ningún financiamiento.
En este contexto el consejo ampliado de la CONAIE del 12 de julio, realizado en Salasaca de la provincia de Tungurahua, resolvió sobre Carrillo:
Exigimos al Gobierno Nacional que asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza llevada a cabo por la policía y militares, que ocasionó asesinatos, heridos, detenciones, persecución y criminalización; demandamos la reparación integral a las
víctimas, el cese inmediato de la persecución y estigmatización a los dirigentes y a todo el movimiento indígena. Exhortamos a la Asamblea Nacional se lleve a cabo el juicio político al Ministro del Interior, Patricio Carrillo y Ministro de Defensa, Luis Lara, por ser los responsables directos de violación a los derechos humanos.
Sin embargo, de las confrontaciones, desacuerdos y polémicas, el consenso fue logrado en la mesa temática Banca Pública y Privada, la cual está basada en cuatro puntos fundamentales: condonación de deudas, reestructuración, refinanciamiento y recalificación de deudores, así como nuevas líneas de líneas de crédito productivo.
Al parecer nuevos ánimos empujan al gobierno nacional, llegar a acuerdos puntuales. El ministro de Gobierno y titular del equipo negociador de la administración nacional, Francisco Jiménez, afirmó que se “van a permitir sobre todo mayor accesibilidad de los sectores rurales y populares a estas facilidades crediticias”.
Con la presencia de los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), el texto fue suscrito por Junta de Política y Regulación Financiera, BanEcuador y representantes del movimiento indígena.
Las organizaciones indígenas informaron que las mesas temáticas han comenzado a dar sus frutos. Por su parte, el presidente de BanEcuador, Iván Andrade, precisó que entre los aspectos negociados se encuentra la condonación de créditos hasta tres mil dólares, así como la refinanciación a los ciudadanos con deudas vencidas hasta el monto de 10 mil dólares. De igual forma, serán destinados 540 millones de dólares a la base productiva, de los cuales 200 millones se repondrán en un periodo de 30 años con una tasa de interés del uno por ciento.
No obstante, con respecto a la mesa temática referente a la focalización de los subsidios a los combustibles, no se ha podido alcanzar un consenso entre los representantes del gobierno y el movimiento indígena.
Tras el acuerdo en la mesa de Banca Pública y Privada, comenzaría a negociarse el tema de Fomento Productivos para luego continuar con el tópico del petróleo y la minería. Representantes de otros sectores sociales que no están en los diálogos con el Ejecutivo hablan de las soluciones pendientes que tienen el Gobierno y sus instituciones respecto a sus demandas.
Los temas planteados fueron:
1.-Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a USD 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a USD 2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores…
2.-Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
3.-Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
4.-Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS.
5.-Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
6.-Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7.-Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
8.-Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
9.-Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
10.-Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.”
Naturalmente que la CONAIE, FENOCIN y FEINE así como los trabajadores organizados en el FUT han alcanzado un elevado nivel de lucha para reclamar sus derechos y plantear exigencias al gobierno. El analista Efren Tello Espinoza expresaba que los sectores indígenas son los más organizados y los que más sufren las consecuencias de las políticas de los gobiernos corruptos y ladrones. Los que menosprecian e insultan a estos luchadores históricos, que siempre han entregado hasta sus vidas por el bienestar de todos, es porque ignoran la verdadera historia del Ecuador.
Los indígenas y campesinos son los que nos entregan los alimentos incluso en tiempos de pandemia, y deberían ser los sectores más atendidos por los gobiernos en salud, educación, tecnología, créditos, comercialización.
Todos esperamos que el gobierno escuche y atienda al pueblo, que no se atreva a querer repetir la arremetida criminal del huido Moreno.
En un análisis de Diego Cazar Baquero se destaca que las movilizaciones convocadas por la Conaie fueron pacíficas, pero se intensificaron luego de que la Policía detuviera al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y esto enardeciera a sus simpatizantes.
Mientras la tensión crecía, el Gobierno dice estar abierto al diálogo, pero hasta el momento no lo ha propiciado, mientras que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, advertía que el presidente Lasso pudo detener el conflicto si atendía e las demandas de los sectores campesinos e indígenas.
En un reportaje elaborado por una alianza periodística entreMongabay Latam y La Barra Espaciadorade Ecuador se afirmaba que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso enfrenta el primer paro nacional desde que empezó su mandato el pasado 24 de mayo de 2021, en medio de varias deudas sociales como la erradicación de la inseguridad y el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores.
El lunes 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lideró varias movilizaciones en al menos 10 de las 24 provincias del país; su presidente, el líder kichwa panzaleo, Leonidas Iza, anunció que la medida sería indefinida, a escala nacional y que se sostendría en principio con acciones de protesta en las comunidades indígenas.
Aunque Lasso y sus ministros aseguraban que no hay razones para una protesta social, la Conaie presentó 10 demandas concretas al gobierno. Entre ellas están: suspender el incremento al precio de los combustibles; una renegociación de las deudas de los clientes del sistema financiero nacional; la regulación de precios de productos del campo; la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería; respetar la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas y regular los precios de productos de primera necesidad para evitar intermediaciones.
Durante el primer día de movilizaciones las protestas incluyeron cierres de carreteras, quema de neumáticos y riñas aisladas que no afectaron en gran medida las actividades comerciales en el país. Los manifestantes se concentraron, sobre todo, en la provincia amazónica de Pastaza, en la Sierra central, en los alrededores de Quito y en algunas localidades costeras, en su mayoría rurales y agrícolas.
Sin embargo, llegada la madrugada del martes, un grupo de policías a bordo de una camioneta de uso civil interceptó el vehículo en el que viajaba Leonidas Iza, muy cerca de la población andina de Pastocalle en la provincia de Cotopaxi, y luego de forcejear con él y con sus acompañantes, se lo llevaron detenido sin un destino determinado. Fue otro error del gobierno que agravó la ya tensa y difícil situación. Entonces los manifestantes se tomaron las calles de varias ciudades ecuatorianas.
La detención de Iza desató la ira, y aumentó la represión por lo que, Carlos Poveda, uno de los miembros del equipo jurídico de la Conaie y defensor de Iza, le dijo a La Barra Espaciadora y a Mongabay Latam que durante la detención del líder indígena ocurrieron violaciones al debido proceso, entre ellas que no se hayan informado las razones de su aprehensión de inmediato. Iza no tuvo contacto con sus abogados durante toda la noche y buena parte del día y la tarde del martes 14 de junio. “No teníamos ningún tipo de certeza de dónde estaba Leonidas”, aseguró Poveda. Por esa razón intentaron presentar un recurso de hábeas corpus, pero las oficinas de la Fiscalía estaban cerradas.
Según el parte policial, Iza fue detenido a las 00:30 del martes 14 de junio. Casi 10 horas después, a las 10:26, el parte fue recibido en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi para dar inicio al proceso penal y el dirigente fue trasladado a Quito. El documento señala que Iza habría dispuesto a las bases de la Conaie para que intensificaran el bloqueo de vías en todo el país “con la exclusiva finalidad de vulnerar varios derechos”. El parte se refiere al derecho a la libre movilidad y el derecho a la alimentación y señala, además, que el presidente de la Conaie ha anunciado su intención de “bajar” a Lasso, es decir, derrocar al presidente ecuatoriano.
Cuando el equipo legal de Iza logró presentar el recurso de hábeas corpus —cuenta Poveda— ya era tarde. En audiencia de flagrancia, la jueza Paola Bedón declaró que la detención fue legal y acusó a Iza de presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal.
La Fiscalía desistió de solicitar prisión preventiva y, en su lugar, dispuso que Iza se presentara periódicamente en las oficinas provinciales de esa entidad, prohibió su salida del país y fijó para el 4 de julio la audiencia de juicio en su contra. “No hay garantías”, asegura Poveda.
Desde el momento que se supo de la detención de Leonidas Iza, miles de simpatizantes se volcaron a las calles para protestar y exigir su liberación. En la provincia de Cotopaxi, zona considerada su bastión político, los reclamos populares desencadenaron enfrentamientos con la policía.
El analista político Pedro Donoso, director de la consultora Icare, cree que la detención del máximo dirigente de la Conaie fortaleció a un movimiento indígena que “venía debilitado”, pues “provocó que se reagrupe alrededor de Iza” y que otros movimientos se junten, incluso algunos que no estaban alineados con la organización antes de las protestas.
Para Donoso, Lasso cometió un error político. “El error es no haber entendido las consecuencias y los efectos políticos que eso podía provocar”, comenta. Donoso reconoce que el Ejecutivo incidió en la detención del dirigente indígena desde que en diciembre de 2021 aseguró que es “un anarquista” y que terminará “con sus huesos en la cárcel”.
Luego de la detención de Leonidas Iza se intensificaron las protestas en Ecuador. No cabe duda que los errores políticos del gobierno del presidente Lasso desencadenaron las protestas que, en ocasiones, se volvieron violentas, mucho más cuando los aparatos represivos del Estado – policías y militares- utilizaron bombas lacrimógenas y usaron armas de fuego en contra de civiles manifestantes. Naturalmente que manifestantes y policías y militares se enfrentaron en desigual palea en Costa, Sierra y Oriente. Los “combates” produjeron muertos, heridos y detenciones que aumentaron el furor de las medidas hecho y crecieron las antipatías y desconfianzas al gobierno del presidente Lasso.
Así, por ejemplo, según un estudio de la encuestadora Perfiles de Opinión, el presidente Guillermo Lasso, a junio de 2022, gozaba apenas del 17,14 % de aceptación ciudadana. Cuando inició su periodo, contaba con más del 75 % de simpatía popular. De acuerdo con datos del Latinobarómetro que efectúa estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20 000 entrevistas en 18 países de América Latina, Ecuador es uno de los países en los que más fragmentadas lucen las estructuras partidistas y en donde la gobernabilidad se hace más compleja. Adicionalmente, la falta de confianza en las instituciones estatales es otro de los factores que el analista Pedro Donoso, destaca como detonante de la coyuntura habida en junio.
No sólo a nivel nacional, el presidente Lasso carece de credibilidad y confianza. El 14 de junio, en pleno paro nacional, Amnistía Internacional difundió un comunicado en el que advierte al gobierno de la posibilidad de que se hubiera permitido una detención arbitraria y llamó al respeto por el debido proceso y al ejercicio de la protesta social. En otras palabras, exigía al Gobierno del Ecuador, el pleno respeto a los derechos humanos.
El dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza exigía que las demandas presentadas al gobierno no queden olvidadas ya que una situación semejante jamás lo permitirían, La CONAIE, FEINE (Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador) y Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), por medo de sus dirigentes Samuel Lema y Gary Espinza, respectivamente, dijeron que robustecerán las acciones de protesta hasta el gobierno de Lasso atienda los diez puntos planteados. Aseguraron que “el campo no aguanta más porque todos los gobiernos neoliberales que hemos tenido durante los últimos 40 años solo han servido para enriquecer a los más ricos y no han contribuido con políticas que permitan mejorar la situación de los más pobres”.
Mientras más contundente era la protesta social, ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que el Ejecutivo está abierto a dialogar y que incluso contempla la participación de organizaciones mediadoras -cuyos nombres no reveló- que orienten una solución a esta nueva crisis que vive Ecuador.
Durante el jueves 16 de junio, Leonidas Iza animó de nuevo las protestas y ratificó la “ferrea voluntad de avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, de los objetivos de la sociedad, pero también de los objetivos de la patria”. Varios puntos del país registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, mientras las marchas cerraban varias vías en ciudades como Ibarra, Riobamba y algunos barrios quiteños. Como siempre, la clase desclasada del volante no se unió a las protestas.
En medio de la incertidumbre, el gobierno dio señales de cumplir con dos de los pedidos de la Conaie cuando anunció la publicación del Decreto Ejecutivo No.452 y la suscripción el Acuerdo Ministerial No.0069, con los que el Ministerio del Gobierno se compromete a intensificar las intervenciones y operativos de control de precios de productos de primera necesidad.
La protesta de junio lideradas por la CONAIE, FEINE Y FENOCIN fue una demostración de que los pueblos se levantan, luego de agotar las instancias de diálogos con el gobierno que ocurrieron el 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre del año 2021, “siendo este el contexto político que mostró la falacia del Gobierno del Encuentro, su incapacidad y falta de voluntad para responder a las demandas sociales”. Sin embargo, las organizaciones indígenas agotaron toda instancia de diálogo sin renunciar al derecho a la resistencia.
Esta fue la decisión organizativa amplias sobre la realidad del país y el diálogo nacional, en ejercicio de la democracia y derecho a la participación política, por responsabilidad y transparencia con el país se pidió que los diálogos sean televisados, petición negada por el Ejecutivo.
Como CONAIE estuvimos dispuestos a ceder, dialogar, debatir, plantear y canalizar soluciones concretas, pero nunca existió apertura de Guillermo Lasso a los problemas urgentes, informaron los líderes de las movilizaciones.
Las organizaciones que decidieron el paro nacional presentaron temas prioritarios: Derogatoria de los decretos N°1158 para la liberación de la importación de combustibles; N°1183 que faculta a la ARC la fijación de precio de los combustibles y N°1054 que establece el sistema de bandas de precios.Cobro de las deudas tributarias a los grandes grupos de poder económico, impuesto a las grandes riquezas para eliminar la brecha de desigualdad y exclusión histórica, declaratoria inmediata en emergencia de los créditos de los agricultores, periodo de gracia de un año para los pagos de los créditos; eliminación de gastos procesales, condonación de intereses e intereses por mora y solo el cobro de capital en cuotas; suspensión de los embargos y remates de propiedades en las comunidades por falta de pago de las deudas; entre otros.
Ante la realidad nacional, la marginación y postergación permanente de los sectores indígenas y populares, el irrespeto a los derechos sociales, políticos, económicos y culturales son causa de la intensificación de la lucha popular, dijo Nicolás Iza, dirigente de la CONAIE. Advirtió que la lucha busca frenar las políticas neoliberales como las privatizaciones de las empresas del Estado y lo que considera una precarización laboral impulsada por el Gobierno de Lasso, en una estrategia económica ligada a los sectores bancarios y al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Iza lideró una reunión en la que los dirigentes sociales replicaron un «informe a la nación» desde la realidad de los grupos populares sobre la situación del país y expusieron una mirada sobre los 200 años de independencia del país.
«Solo la unidad va a permitir conquistar derechos», remarcó y llamó a los gremios del transporte, a las organizaciones campesinas, populares y, sobre todo, a los sindicatos, a sumarse a la protesta.
Se debería organizar «un solo un cronograma de lucha en este año», remarcó Iza tras asegurar que la movilización obedece a la situación de alto desempleo, carestía de la vida y violencia que azotan al país.
