María Sosa Mendoza
Tras renunciar a Perú Libre, el partido con el que había llegado a la presidencia, Pedro Castillo se enfrenta ahora a una izquierda que lo acusa de traicionar las promesas de cambio y a una derecha que sigue buscando alejarlo del poder.
El 28 de junio pasado, Perú Libre, el partido político por el que Pedro Castillo postuló a la presidencia de Perú, publicó un comunicado en el que lo invitó a renunciar a su militancia.
La noticia no generó, sin embargo, grandes escándalos en el escenario político nacional. Pedro Castillo nunca había respondido a la línea partidaria. Su inscripción en Perú Libre la realizó solo por motivos funcionales, nueve días antes de que venciera el plazo para que los postulantes se registraran en un partido político (su intento de conformar una plataforma política sostenida en los sindicatos de maestros no había prosperado lo suficientemente rápido para sostener su candidatura). Además, en el plano discursivo, el dirigente sindical siempre guardó distancias con la postura ideológica de Perú Libre y el espacio que le otorgó al partido liderado por Vladimir Cerrón en su gobierno nunca fue más allá de las «cuotas» partidarias.
Por su parte, Perú Libre fue cambiando paulatinamente su actitud hacia Pedro Castillo desde su llegada a la presidencia. Así, en noviembre del año pasado, tras la designación de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros -quien reemplazó al dirigente del partido Guido Bellido-, dirigentes de Perú Libre expresaron la intención de «rescatar» a Castillo del entorno que lo guiaba a la ejecución de «ideas políticas con tendencias al centro y la derecha». 16 parlamentarios de Perú Libre votaron en contra de darle la confianza congresal a la nueva premier. Por su parte, el partido expresó en un comunicado que no pasó a la oposición y que se mantenía «al lado del pueblo». En febrero de este año, con el nombramiento de un nuevo Consejo de Ministros, otro comunicado expresaba que «el presidente llegó al Gobierno con Perú Libre, pero que Perú Libre no gobierna». Personas como Vásquez son consideradas por Perú Libre parte de la «izquierda caviar».
Días antes de pedirle públicamente a Castillo que abandone el partido, dirigentes de Perú Libre manifestaron no ser una bancada oficialista, sino «de apoyo». Y desde que el presidente concretó su renuncia a esa fuerza política, dos días después, el partido aseguró que asumirá el rol de «oposición propositiva».
El presidente de la República se queda así sin partido oficialista a menos de un año de haber asumido el gobierno.
PROBLEMAS EN EL GOBIERNO
A inicios de abril, Castillo enfrentó una de las situaciones más difíciles de su mandato: 18 regiones del país —once de ellas en donde había ganado de manera contundente en la segunda vuelta del 6 de junio de 2021— salieron a las calles a manifestarse en contra de su gestión.
Las movilizaciones las había iniciado el gremio de transportistas de carga pesada durante los últimos días de marzo, en demanda de medidas efectivas para la reducción del precio del combustible. En pocos días, comuneros, agricultores pequeños y comerciantes ambulantes se unieron a las protestas. Estos grupos, además de sus demandas particulares, reclamaban por el alza del costo de los productos de primera necesidad.
Lima se unió a las protestas el 5 de abril, día en el que el Poder Ejecutivo, al prever un estallido social inmanejable, decretó la «inamovilidad social obligatoria» para Lima y Callao. En la movilización de la capital se pudo ver a un gran número de personas con banderas de Perú y camisetas de la selección de fútbol, símbolos de los que se apropió la campaña de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral que dio como ganador a Pedro Castillo por escaso margen. Lima es una plaza hostil para Castillo ya desde la campaña electoral. Si en el nivel nacional ganó la segunda vuelta con 50,12% de los votos válidos, en la capital solo recibió 35,35%.
Existía un profundo contraste entre las protestas de las regiones y la de Lima. Mientras en la capital se pedía la renuncia del mandatario, en las regiones uno de los reclamos más escuchadas, además de pliegos de demandas locales, era que cumpliera sus compromisos electorales. A pesar de estas diferencias, lo cierto era que el descontento con el gobierno se volvía generalizado y Castillo perdía sus bases de apoyo.
Las protestas regionales dejaron como saldo al menos cuatro personas fallecidas y una nueva estrategia de gobierno: los Consejos de Ministros Descentralizados, espacios de diálogo entre el Ejecutivo y las regiones que tienen como finalidad que el gobierno central conozca y atienda las demandas locales.
Si bien el primer Consejo de Ministros Descentralizado de la historia peruana se celebró en 1869, fue recién en 2004, con el gobierno de Alejandro Toledo, que este tipo de mecanismo de acercamiento entre Lima y las regiones fue formalizado. Más tarde, con la gestión del expresidente Ollanta Humala, se implementó de manera más continua en la agenda del Poder Ejecutivo. Humala llegó a realizar 20 sesiones descentralizadas durante sus dos primeros años de gestión, una cifra que no había sido superada hasta la fecha. En menos de cuatro meses, el gobierno de Pedro Castillo ha realizado 17 de estos eventos.
Los Consejos de Ministros Descentralizados lograron detener la caída de la popularidad del mandatario en los lugares donde se encuentra su principal base electoral. El Ejecutivo ha realizado un total de 238 promesas en 15 de los 17 gabinetes descentralizados realizados desde abril de este año. Una de ellas fue la presentación de un proyecto de ley que autorice someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. La iniciativa fue rechazada en el Congreso en la primera instancia, sin que se permitiera un debate en el Pleno. Ante el rechazo del Parlamento a una promesa clave para la base de apoyo del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres declaró: «El Congreso ya resolvió, ya se pronunció y eso, por supuesto, termina allí. Ya veremos qué hará la población, pero nosotros hemos cumplido con un mandato de la población pronunciado en estos consejos descentralizados».
Efectivamente, el tema no ha vuelto a ser impulsado por el Ejecutivo. Es importante señalar que la iniciativa del gobierno dejó a un gran sector de la población desconcertado, debido a que, desde hace meses, el gobierno había descartado en reiteradas ocasiones impulsar una Asamblea Constituyente. Sin duda, el anuncio no implicaba un retorno a sus propuestas de campaña, sino, por el contrario, una especie de «fuga hacia adelante» discursiva. Este tipo de señalamientos contribuyen a la polarización del país, el único escenario en el que el presidente puede hallar, de manera algo paradójica, cierta estabilidad.
A pesar de que aún han pasado menos de cuatro meses desde la primera de estas sesiones, las expectativas de la población, al no ver un avance en la ejecución de las promesas gubernamentales, se están convirtiendo rápidamente en una gran decepción. Varias autoridades locales han han expresado en los medios de comunicación a los medios de comunicación el descontento creciente frente a las promesas incumplidas de estos consejos.
EL GOBIERNO Y SUS GIROS
Una de las características más representativas del gobierno de Pedro Castillo es su carácter maleable. Este es resultado de la falta de convicción ideológica del presidente, que le impide articular un programa de gobierno más o menos definido. Así, los rumbos de este se encuentran marcados únicamente por su instinto de supervivencia.
La designación de Óscar Graham como reemplazo de Pedro Francke a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los ejemplos más claros de dicha situación. Francke fue, durante las elecciones de segunda vuelta presidencial, la carta de garantía de Castillo ante los sectores que lo veían como un peligro para la estabilidad macroeconómica. Se trataba de un economista reformista y moderado —miembro del partido de izquierda Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza— que aseguraba responsabilidad fiscal al mismo tiempo que abogaba por una reforma tributaria que aumentara los impuestos al sector minero y a las rentas de capital. Graham Yamahuchi, en cambio, es un economista ortodoxo con una larga carrera en el sector que ha mantenido la tranquilidad de los mercados, pero al precio de abandonar la posibilidad de implementar alguna política redistributiva. Graham podría haber sido el ministro de Economía de cualquier gobierno del pasado.
Otro de los giros durante estos meses ha sido el abandono de la «segunda reforma agraria», un programa gubernamental que se presentó como sucesor y complementario de la primera reforma agraria impulsada en 1969 bajo el gobierno reformista-militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Este apostaba por colocar a la agricultura familiar en el centro de la política agraria. Con la salida del primer ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el núcleo de la propuesta de Castillo fue reformulado y el protagonismo lo recibió la gran agroindustria de exportación, que tendría el deber de «apoyar» a la agricultura familiar a cambio de incentivos tributarios. En otras palabras, la segunda reforma agraria, recibida en un inicio con gran expectativa por los pequeños agricultores, significa hoy el mantenimiento de la orientación de la política agraria de las últimas tres décadas.
LAS IZQUIERDAS ANTE EL GOBIERNO
Por estos motivos, la izquierda peruana se ha ido alejando cada vez más del presidente Pedro Castillo. Un estudio de opinión, publicado en junio, mostró que solo 25% de los peruanos con una identificación ideológica de izquierda aprueba la gestión presidencial. Sin embargo, el rechazo al gobierno no encuentra aún cómo materializarse. Y es que hoy la izquierda peruana se encuentra en una disyuntiva: seguir apoyando a Castillo, a pesar de su idas y venidas, o sumarse a la oposición, que planea destituirlo en el Congreso («vacarlo») desde el primer día para así llegar al poder.
Este dilema lo han experimentado, con mucha mayor intensidad, fuerzas progresistas como Nuevo Perú. Sus discrepancias, en algunos casos, han terminado en rupturas públicas.
«A mí, ante las dificultades, mis padres me enseñaron que había que poner el hombro y no sentarse a criticar desde la comodidad de quienes tienen la vida resuelta. Eso es lo que he hecho y eso es lo que haré. Acepto la decisión [de] Nuevo Perú y dejo a un partido que ayudé a fundar pero que hoy ya no es útil a las clases populares peruanas». De esta manera Anahí Durand, hasta entonces presidenta de Nuevo Perú, informó, a través de sus redes sociales, su separación del partido. Durand, quien se desempeñó por varios meses como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estaba en contra de que su partido retirara su apoyo al gobierno y, ante los desacuerdos con otros dirigentes Durand abandonó Nuevo Perú tras presidirlo durante unas pocas semanas en reemplazo de Verónika Mendoza.
Por su parte, Mendoza había hecho público su alejamiento con el gobierno a inicios de este año y había llamado a tomar las calles, pues no habría «proceso de cambio sin un pueblo consciente, organizado y movilizado». La crítica de Nuevo Perú llegó varios meses después. Sin embargo, esta posición no ha estado exenta de polémicas partidarias mientras la izquierda no deja de debilitarse.
En Perú Libre los problemas internos también han terminado en grandes divisiones. De esta manera, de los 37 congresistas que en un inicio conformaban la bancada oficialista en el Parlamento hoy solo quedan 21. Cabe señalar que la composición de la bancada parlamentaria de Perú Libre representaba la alianza entre el partido y el sector magisterial de Castillo. 19 eran los militantes de Perú Libre y 18 los representantes del magisterio. Todos ellos conforman ahora tres grupos parlamentarios: Perú Libre, en el que se han quedado los militantes que siguen la línea partidaria; la bancada magisterial, conformada por 10 parlamentarios, y Perú Democrático, un grupo compuesto por algunos disidentes de Perú Libre y de otros partidos.
Las divisiones, en este caso —a diferencia de las rupturas de las bancadas de derecha, que no cambian la correlación de fuerzas entre Ejecutivo y Congreso— afectan el escenario político, pues el soporte que cada una de estas agrupaciones dará al gobierno, cuyo principal objetivo es evitar ser «vacado» por el Congreso, se encuentra en entredicho. Perú Libre, por ejemplo, ha brindado los votos determinantes para concretar diferentes acciones en contra del gobierno, votando en la misma dirección de los partidos de la derecha peruana más radical n ocasión de la censura de varios ministros y la derogación de algunas de sus iniciativas, como el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, a pesar de que con este se buscaba mejorar la condición laboral de los trabajadores tercerizados.
Las controversias de las izquierdas peruanas no solo han sido intrapartidarias. Así pues, la relación entre Nuevo Perú y Perú Libre se ha vuelto cada vez más hostil. Si bien desde los inicios del gobierno de Castillo, Perú Libre comenzó a atacar y calificar a los miembros de Nuevo Perú como «caviares», desde hace unos meses Nuevo Perú ha empezado a retornar las críticas, calificando al partido liderado por Cerrón como «funcional a las bancadas neoliberales» y «enemigo de la clase trabajadora».
LA OPOSICIÓN
Mientras la izquierda se enfrenta entre sí y, de esta manera, frustra cualquier proyecto común, las fuerzas de oposición al gobierno han logrado mantener un discurso machacón en el que siguen denunciando el supuesto fraude electoral y «acusando» al gobierno de comunista.
La victoria de Castillo polarizó a los peruanos. Su llegada al escenario político nacional despertó dos imaginarios antagónicos en la población. Para los sectores socioeconómicos más bajos, que se percibían como perdedores del crecimiento económico de las últimas décadas, la imagen de Castillo, un profesor rural y líder de la facción más radical del magisterio, trajo una gran esperanza. Castillo fue visto como una suerte de refundador de la patria que sacaría al Perú de 200 años de injusticia social. No obstante, para otro grupo de la población, el actual presidente fue percibido como un comunista irracional que llevaría a Perú al desastre y a la pobreza. Ese enfrentamiento se expresó en la segunda vuelta en la batalla entre Castillo y Keiko Fujimori, dos postulantes que habían llegado al balotaje con escasos votos y un fuerte rechazo.
Después de meses de gobierno, para gran parte de la población estos dos imaginarios han sido superados. Castillo ya no despierta esperanzas de cambio y cada vez son más quienes son conscientes de que la «amenaza comunista» no existe (y nunca existió), que se trata más bien de un gobierno improvisado y, al igual que muchos de los anteriores, con varios escándalos de corrupción. No obstante, la oposición parlamentaria no ha sabido rehacer su discurso y sus críticas, alejándose así de una importante parte de la población que se encuentra en contra del gobierno.
Además, debido a que la oposición no tiene un liderazgo claro, la figura más representativa ha terminado siendo María del Carmen Alva, la actual la presidenta del Congreso y una política perteneciente a las filas de Acción Popular —un partido bisagra—, pero que en la práctica se mantiene más cercana a los partidos que componen la oposición más extrema.
La figura política que encarna Alva es contraria a la de Castillo. Su estilo prepotente, junto a algunas de sus declaraciones y gestos que han sido considerados como racistas por una gran parte de la opinión pública, hacen que su popularidad sea extremadamente baja. El último estudio de opinión publicado realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es contundente: mientras 18% de los peruanos la aprueba, 75% la desaprueba. Si bien una popularidad baja es completamente normal en el Perú de los últimos años, es la imagen de cabeza de la oposición lo que termina jugándole en contra a toda ella.
En los planes de la oposición, la vacancia de Castillo no significa la asunción del cargo de la vicepresidenta Dina Boluarte. En la actualidad, el Congreso impulsa una denuncia constitucional en su contra con el fin de inhabilitarla del cargo. De lograrlo, de acuerdo con la Constitución, quien asumiría la presidencia, ante la vacancia de Pedro Castillo, sería quien ocupe la Presidencia del Congreso, es decir Alva. Por ello, en esas circunstancias, un sector de la población sigue viendo en Castillo, al igual que en la campaña electoral pasada, al «mal menor» frente a lo que se percibe como un potencial gobierno conservador y elitista. En buena medida, podemos decir que los mejores activos de Castillo son su oposición y la situación de polarización política en la que se encuentra sumido el país.
No existen indicios de un cambio de rumbo en el gobierno. La novedad más cercana es la elección de una nueva Mesa Directiva en el Congreso, en la que se elegirá al nuevo presidente de esta institución. Esta elección puede significar una mejor representación para la oposición, lo que debilitaría seriamente al gobierno, o una nueva relación entre Ejecutivo y Congreso, tal vez la opción menos probable. Pero en virtud de la inestabilidad política peruana al elegir la cabeza del Congreso quizás se termine eligiendo al próximo ocupante del sillón presidencial.
EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO AGRAVA SU CRISIS CON UNA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA
Por Jonathan Castro Cajahuanca
El presidente de Perú, Pedro Castillo, presenta a Betssy Chávez como nueva primera ministra en Lima, Perú, el 25 de noviembre de 2022. Ella es parte de un nuevo gabinete.
Jonathan Castro es periodista peruano y editor general de ‘La Encerrona’.
El gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, ha presionado a la oposición en el Congreso para que su reacción los deslegitime frente a la visita de un Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero es la reacción del Ejecutivo la que está empujando la crisis política hacia una situación crítica en la que el protagonismo lo tomará el Tribunal Constitucional. No dejaron una pausa ni durante el Mundial de fútbol.
El 19 de octubre, Castillo solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana, alegando que en Perú se estaba gestado una nueva modalidad de golpe de Estado. Era una respuesta a la denuncia constitucional contra él que fue presentada ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por considerarlo cabecilla de una organización criminal. Cuando se requería una salida política ante la inestabilidad del gobierno, Castillo huyó hacia adelante buscando respaldo internacional.
Dos semanas antes de la llegada de la misión de la OEA al Perú, el entonces primer ministro de su gobierno, Aníbal Torres, anunció que presentaría una cuestión de confianza por un proyecto de ley que devolvía facultades al Ejecutivo de contrapeso político. Pero una cuestión de confianza es un arma peligrosa, pues si el Congreso se la niega, el primer ministro y todo su gabinete deben renunciar; y si le niegan la confianza dos veces, el Gobierno queda en facultad de disolver el Parlamento. La oposición, que tiene mayoría legislativa, archivó el proyecto de ley antes de que Torres formalizara el pedido y desactivó la amenaza.
Pero el objetivo principal del gobierno de Castillo no era restituir esas facultades que fueron limitadas por el Congreso, sino mostrarlos como obstruccionistas ante la mirada internacional. Por eso, a la semana siguiente, Torres presentó efectivamente una cuestión de confianza por un nuevo proyecto de ley que presentaron ese mismo día. Y la Mesa Directiva del Congreso, luego de aguantar la respuesta por unos días hasta que la misión de la OEA abandonara el país, rechazó de plano el pedido del Ejecutivo porque era sobre un tema que invadía sus competencias.
Ninguna democracia merece que sus gobernantes litiguen sobre las interpretaciones de sus decisiones, pues por la confusión los ciudadanos quedan a merced de las pasiones políticas. Pero eso está pasando. Para el gobierno, el Congreso le negó la confianza, y ha actuado en consecuencia a ello: cambió al primer ministro Aníbal Torres por Betssy Chávez, congresista y antes ministra de Cultura y de Trabajo; y tomó juramento a un nuevo gabinete. En respuesta, el Parlamento aprobó presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para acusar al gobierno de tomarse las atribuciones de interpretar su decisión, algo que expresamente no pueden hacer.
A lo largo de los últimos meses, la oposición ha hecho modificaciones legislativas que cambian el balance de poderes, desarman al Ejecutivo —no siempre sobre la base de evidencias para mejora—, y a veces al caballazo. Pero gusten o no, son las reglas que existen, y el gobierno de Castillo está traspasándolas con argucias legales.
La posición del Ejecutivo abre escenarios bastante peligrosos, pues ya apuntan al Congreso con la amenaza de la disolución. Solo queda, en esa interpretación, una bala de plata por disparar. Del otro lado, tienen los insumos para sustentar que el gobierno infringe la Constitución y con ello intentar tumbarlo. Difícilmente el conflicto desescalará hacia el consenso por un adelanto pacífico de elecciones.
Aunque en su primera entrevista haya dicho que quiere bajar la confrontación, la nueva primera ministra es una pieza de choque con la oposición. Ella fue, hasta donde me informaron fuentes del Ejecutivo, una de las cabezas detrás de la decisión de plantear la carta de la OEA y de la cuestión de confianza. También se confronta con la fiscal de la Nación, a quien ha llamado golpista y la percibe como una aliada de la oposición.
Con suerte será el Tribunal Constitucional el que detenga sus intentos de traspasar las normas e imponga correctivos que podrían sumar denuncias constitucionales contra el Gobierno. Pero ese es un proceso lento en el que habrá mucha confrontación, pues en los próximos días Bettsy Chávez tendrá que presentarse ante el Congreso para sustentar el presupuesto público del próximo año y pedir la confianza que obligatoriamente se necesita al asumir el cargo. Pese a la legalidad de la decisión del TC, políticamente Castillo y Chávez podrán cuestionarla, pues los magistrados fueron elegidos por este Congreso, en un proceso con muchos cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos.
En tanto, en el Congreso no hay voluntad mayoritaria por adelantar las elecciones. Si prosperó la iniciativa de presentar una demanda contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional —con votos del oficialismo—, fue más por miedo a perder sus cargos y cuotas de poder antes que por oponerse directamente al gobierno. Están mucho más advertidos de lo que puede pasar, pues ya lo vieron cuando el expresidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento en 2019.
Lo más perjudicial sería que, zurrándose en la decisión del TC o aprovechando la lentitud de los plazos, el Ejecutivo tome acciones que lleven hacia la disolución del Congreso. Quizás en esa circunstancia la oposición logre convencer al oficialismo de vacar a Castillo. Pero ya no serán los actores políticos los que decidan quién mantiene el poder, sino el respaldo de las Fuerzas Armadas. Este sería un escenario terrible y de alta conflictividad en el país.
Sería ingenuo creer que, en algún momento, Castillo tuvo la posibilidad de conciliar con la oposición, pues varias de sus cabezas querían vacarlo antes de que asumiera su mandato. Él tampoco tenía mayoría parlamentaria ni habilidad para generar consensos que permitan mantener el balance de poderes y centrarse en algunas reformas. Pero esta vez, en especial, la agudización de la crisis es consecuencia de sus acciones para escapar de las investigaciones fiscales contra su gestión. En algunas hipótesis habrá exageraciones —el Poder Judicial zanjará en cuáles—, pero en gran parte de ellas hay legítimas dudas de corrupción.
Castillo no solo ha tomado decisiones que menoscaban la tecnocracia del Estado y enquistan a nuevas argollas corruptas, sino que ha olvidado a fin de cuentas por qué fue elegido. Su misión principal era garantizar un cambio que beneficie a los olvidados del país, pero lo único que hasta ahora ha logrado es empujar la crisis aprovechando que el país ha normalizado los pleitos y siente asco por las fuerzas políticas tradicionales. Su aprobación sube ligeramente, pero no ha hecho ni una sola reforma que mejore la vida de los peruanos a largo plazo.
Mientras tanto, las alternativas políticas que se cocinan en esta crispación esperando nuevas elecciones son principalmente autoritarias. Castillo denuncia ante grupo de la OEA ‘un peligro para la democracia’ venido de la oposición
