Como ocurre en la mayor parte de los países latinoamericanos, el pueblo peruano vive en la mascarada de la democracia, defendida con violentas represiones que han dejado decenas de muertos, centenares de heridos y encarcelados durante manifestaciones, protestas y paralizaciones ejecutadas por el pueblo en repudio a las decisiones de las oligarquías limeñas y viejas clases políticas que defenestraron al presidente Castillo por “ser comunista”, profesor de escuela primaria y “cholo” representante del pueblo.
Se ha denunciado la inexistencia del Estado de derecho, como consecuencia de la constante pugna de poderes entre ejecutivo y legislativo, realidad que ha conducido a que Perú tenga 12 presidentes en menos de 20 años. Se llega a la anarquía y a una especie de caos programado por la obsoleta clase política que sólo ha respondido a los intereses de las poderosas oligarquías limeñas que, históricamente, han manejado la política a su antojo y conveniencia.
El politólogo peruano Alonso Gurmendi afirma que el Perú ha atravesado una degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, reflejado en un gobierno que lleva ya bajo su mando decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas…Todo esto bajo un aura de impunidad que no parece vaya a cambiar y que tiene el apoyo de las élites y la clase política del país. Esta es la principal amenaza. Es además preocupante cómo el discurso del “manodurismo” ha calado en ciertos sectores de la población, sobre todo en Lima.
La analista Katherine Zegarra sostiene que la concentración de poder del Congreso al fortalecer sus capacidades deteriora y limita al poder ejecutivo, entre tato se ve como algo normal los asesinatos a las personas que protestan, por parte de la élite política y mediática y hay “algunos parlamentarios que solicitan mayor represión contra el pueblo manifestante
La crisis peruana que se ahonda en este siglo. Quizá necesite la intervención de consejeros de organismos latinoamericanos, que permitan la reestructuración de los poderes, de la constitución y la reorganización de clase política para que, en realidad, sirva a los intereses del pueblo y no a grupos de poder.
Con preocupación se puede observar cómo algunos parlamentarios solicitan mayor represión contra los protestantes y no se realiza un control político contra el Ministro de Defensa o el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, se está limitando el derecho a la protesta, bloqueando la posibilidad de movilizarse hacia la capital. Es importante también señalar el racismo contra quienes protestan. Por último, el incremento de la polarización en la élite política y en parte de la sociedad, acompañado del esparcimiento de las fake news. La alta concentración de medios de comunicación y su parcialización, limita el acceso a la información veraz y plural a la ciudadanía.
El analista peruano David Lovatón considera que las tres principales alertas son: Primero, la concentración de poder del Congreso de la República. La cual está mellando el balance entre poderes, fundamental en una democracia. En los últimos años, el poder legislativo ha logrado fortalecer sus capacidades institucionales y ha limitado las del Ejecutivo.
Segundo, la normalización de los asesinatos a las personas que protestan, por parte de la élite política y mediática. Con preocupación se puede observar cómo algunos parlamentarios solicitan mayor represión contra los protestantes y no se realiza un control político contra el Ministro de Defensa o el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, se está limitando el derecho a la protesta, bloqueando la posibilidad de movilizarse hacia la capital. Es importante también señalar el racismo contra quienes protestan. Por último, el incremento de la polarización en la élite política y en parte de la sociedad, acompañado del esparcimiento de las fake news. La alta concentración de medios de comunicación y su parcialización, limita el acceso a la información veraz y plural a la ciudadanía.
David Lovatón agrega que las principales alertas que se pueden identificar en relación a la protección de derechos humanos tienen que ver con la represión de las protestas sociales, que ciertamente se ha salido del cauce constitucional y ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos que deben ser investigadas de forma independiente y deben dirigirse a sancionar tanto a los autores mediatos como inmediatos. En la libertad de expresión no ha habido un estrechamiento del espacio cívico, pero sí se ha presentado una “demonización” de algunas organizaciones sociales. Si bien el poder judicial ha mantenido una cierta independencia y el Ministerio Público mantiene cierta autonomía, surge la preocupación de que la Fiscal de la Nación está envuelta cada vez más en un escándalo de corrupción que favorece a su hermana que es jueza y que ha sido muy bien investigado por IDL reporteros.
Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que el propio intento de golpe del ex Presidente Castillo también ha contribuido a la degradación de la democracia, no sólo a nivel doméstico sino regional también. Un porcentaje de la población exige la intervención de órganos internacionales y se reclama la adopción de medidas estructurales que permitan al Estado superar su historia cíclica marcada por tensiones constantes entre el ejecutivo y el legislativo.
LA CRISIS PERUANA AFECTA AL ESTADO CONSTITUCIONAL Y VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
El Perú ha atravesado una degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, reflejado en un gobierno que lleva ya bajo su mando decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas.
No puede dejarse de lado el hecho de que el propio intento de golpe del ex Presidente Castillo también ha contribuido a la degradación de la democracia, no sólo a nivel doméstico sino regional también. Un porcentaje considerable de la población aún apoya sus medidas autoritarias y ciertos gobiernos de la región han incluso decidido defenderlas diplomáticamente. Eso refleja, primero, lo deslegitimado que está el sistema político peruano –que, incluso, la ciudadanía está dispuesta a aceptar propuestas autoritarias para cambiarlo– y, segundo, lo precario que es el sistema de protección democrática a nivel regional.
A la Agenda Estados de Derecho, Alonso Gurmendi dijo que el Perú ha atravesado una degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, reflejado en un gobierno que lleva ya bajo su mando decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas, etc. Todo esto bajo un aura de impunidad que no parece vaya a cambiar y que tiene el apoyo de las élites y la clase política del país. Esta es la principal amenaza. Es además preocupante cómo el discurso del “manodurismo” ha calado en ciertos sectores de la población, sobre todo en Lima.
Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que el propio intento de golpe del ex Presidente Castillo también ha contribuido a la degradación de la democracia, no sólo a nivel doméstico sino regional también. Un porcentaje considerable de la población aún apoya sus medidas autoritarias y ciertos gobiernos de la región han incluso decidido defenderlas diplomáticamente. Eso refleja, primero, lo deslegitimado que está el sistema político peruano –que, incluso, la ciudadanía está dispuesta a aceptar propuestas autoritarias para cambiarlo– y, segundo, lo precario que es el sistema de protección democrática a nivel regional.
Por su parte, la analista Katherine Zegarra expresaba que considera que las tres principales alertas son: Primero, la concentración de poder del Congreso de la República. La cual está mellando el balance entre poderes, fundamental en una democracia. En los últimos años, el poder legislativo ha logrado fortalecer sus capacidades institucionales y ha limitado las del Ejecutivo. Segundo, la normalización de los asesinatos a las personas que protestan, por parte de la élite política y mediática. Con preocupación se puede observar cómo algunos parlamentarios solicitan mayor represión contra los protestantes y no se realiza un control político contra el Ministro de Defensa o el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, se está limitando el derecho a protesta, bloqueando la posibilidad de movilizarse hacia la capital. Es importante también señalar el racismo contra quienes protestan. Por último, el incremento de la polarización en la élite política y en parte de la sociedad, acompañado del esparcimiento de las fake news. La alta concentración de medios de comunicación y su parcialización, limita el acceso a la información veraz y plural a la ciudadanía.
David Lovatón señaló que las principales alertas que se pueden identificar en relación a la protección de derechos humanos tienen que ver con la represión de las protestas sociales, que ciertamente se ha salido del cauce constitucional y ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos que deben ser investigadas de forma independiente y deben dirigirse a sancionar tanto a los autores mediatos como inmediatos. En la libertad de expresión no ha habido un estrechamiento del espacio cívico, pero sí se ha presentado una “demonización” de algunas organizaciones sociales. Si bien el poder judicial ha mantenido una cierta independencia y el Ministerio Público mantiene cierta autonomía, surge la preocupación de que la Fiscal de la Nación está envuelta cada vez más en un escándalo de corrupción que favorece a su hermana que es jueza y que ha sido muy bien investigado por IDL reporteros.
Hay una alerta más estructural que debemos considerar: el excesivo uso del estado de emergencia en el Perú. Pasada la pandemia se declaró un estado de emergencia en varias ciudades incluyendo Lima, para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Luego vinieron las protestas sociales y de nuevo se volvió a declarar. Esto ocurre porque, en el caso del Perú, a diferencia de otros ordenamientos constitucionales latinoamericanos, no hay un control parlamentario para las prórrogas de los estados de emergencia.
Alonso Gurmendi dijo que no es novedad que la Policía Nacional del Perú es una institución en crisis, que requiere ser reformada de forma estructural y radical. Es una institución que no cumple su función. Está mal capacitada, no tiene presupuesto, es corrupta y funciona en un ambiente de impunidad, donde simplemente no hay rendición de cuentas.
Es importante cambiar la cultura organizacional de la Policía Nacional, de una donde su rol es el mantenimiento del orden interno, concebido desde la represión del “desordenado” a una donde su rol sea garantizar la seguridad pública, proteger al ciudadano. Es decir, incluso, cuando se enfrenta una protesta violenta, la función policial debe enfocarse desde la protección de quienes están en riesgo por esas acciones violentas y la detención de quienes las causan, no el retorno a un orden idealizado, donde todo el que está en la calle, sea violento o no, es culpable por asociación y merece ser reprimido por cualquier medio.
La analista Katherine Zegarra sostiene que la problemática peruana conduce a pensar en la necesidad de contar con una reforma policial, ya que no se están cumpliendo con los protocolos de manejo a la protesta. Miembros de la policía están mostrando que la forma en cómo controlan las protestas no está funcionando. Asimismo, existe una falta de capacidad de diálogo por parte del Ejecutivo. Ello se debe a, por un lado, su falta de legitimidad y, por otro, cómo perciben a quienes protestan. Se les ha catalogado como extranjeros, terroristas, azuzados, etc. En este sentido, se limita la capacidad de agencia de quienes protestan y no se logra entender la complejidad de la misma.
Por su parte, David Lovatón expresa que, sin duda, sí ha habido un exceso en el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Armada, el Ejército y la Policía Nacional, que se ha traducido en alrededor de 50 fallecimientos –de los cuales solo uno, ha sido en la ciudad de Lima, donde han habido también varias protestas sociales–. Lo cual es una prueba de que la policía con el apoyo del ejército puede manejar y controlar las protestas sociales, sin un saldo tan trágico, ni tan numeroso como ocurrió en otras ciudades, como Ayacucho, Puno y Arequipa. Esto es la mejor muestra de que la policía nacional del Perú, pese a sus precariedades, con voluntad, equipamiento y órdenes muy claras, pudo haber tenido otro manejo de la conflictividad.
Considero que las investigaciones periodísticas de IDL Reporteros han dejado claro que seis de los diez fallecimientos en la reprensión de las protestas sociales en diciembre pasado en Ayacucho murieron por parte de disparos de fusil y por parte de miembros del ejército. Hay pruebas en video de esto y además uno de los seis fallecidos conservaba el proyectil de un armamento que oficialmente el ejército reconoció que usó en ese operativo. Entonces pienso que hay que investigar claramente y en su momento sancionar a los responsables.
Alonso Gurmendi expresa que los organismos de derechos humanos tienen un rol fundamental, pues permiten mecanismos indispensables para la protección de la protesta y otros derechos fundamentales, como por ejemplo vía las medidas provisionales de la Corte IDH o los comunicados de la CIDH. Sí creo que es importante trabajar en la planificación de las visitas de observación que realizan organismos como la CIDH. Son muy valiosas, sin duda, pero hay poco que puede hacerse en visitas de dos o tres días. La CIDH, por ejemplo, vino al Perú del 11 al 13 de enero. A pesar de la gran calidad profesional de estas misiones, me parece un tiempo bastante limitado para un contexto tan complejo.
David Lovatón manifestaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado el país en dos ocasiones, en diciembre y en enero, y próximamente emitirá su informe, donde va a dar cuenta seguramente de una serie de violaciones de derechos humanos y excesos de los que ya hemos comentado y me imagino que van hacer sugerencias y recomendaciones al Estado peruano. Es importante también destacar que el gobierno ha mencionado que una vez recibido este informe y estas recomendaciones, dará cumplimiento a estas. De pronto esto quede en la parte discursiva, pero es importante que por lo menos públicamente se hayan comprometido a cumplir tales recomendaciones.
Por otro lado, también es importante el monitoreo que está haciendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. El segundo Alto Comisionado también visitó al Estado en febrero, se reunió con autoridades y seguramente emitirá su informe. También vale resaltar a organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han han adelantado un ejercicio de verificación y documentación que, seguramente, se verá reflejado en un informe sobre la represión de las manifestaciones en ciudades como Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Juliaca.
Alonso Gurmendi expresaba que la crisis peruana es compleja y no se agota en la realidad coyuntural del golpe de Castillo y la reacción violenta de la población, sino que se sustenta en un sistema que ha excluido a una gran cantidad de la población, que no puede depender de su estado para sus necesidades básicas (salud, educación, seguridad, vivienda, etc.).
La única forma de poder encaminar la discusión a un proceso de reforma estructural de nuestro sistema político y social es con la convocatoria a nuevas elecciones lo más pronto posible, que permitan calmar las protestas e iniciar mecanismos de diálogo nacional. Dado que el Congreso no parece dispuesto a asumir esa responsabilidad, la Presidenta Boluarte debería renunciar y asumir su responsabilidad por lo que ha permitido en estos dos meses. Sólo así se podrá empezar a resolver la crisis.
Katherine Zegarra añade que existen diversas razones por las que debería adelantarse las elecciones. Primero, la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos (70% según la encuestadora Ipsos Perú) considera que debería adelantarse las elecciones. Segundo, a pesar de la heterogeneidad de las protestas, se puede identificar que una demanda común es el adelanto de elecciones. Tercero, los actuales representantes están generando contra reformas, que perjudican una serie de políticas públicas. Sin embargo, considero que, si bien el adelanto de elecciones podría brindar oxígeno político, no significaría la solución de la crisis política.
David Lovatón añade que muchos sectores de izquierda y derecha, empresariales y sindicales, de Lima y de otras ciudades del país, la academia e inclusive el partido político fujimorista, consideramos que deben adelantarse las elecciones para este año. Aunque, por supuesto, siguen existiendo visiones encontradas. Los partidos de extrema derecha dicen que a ellos los eligieron hasta el 2026 y no van a ceder al chantaje de las protestas sociales y el lado de la extrema izquierda supedita la realización de las elecciones anticipadas a la consulta a la ciudadanía sobre una asamblea constituyente.
Pero, francamente, adelantar las elecciones es la única salida institucional y constitucional para esta crisis y para esto hay dos vías: que el congreso lo apruebe en dos votaciones calificadas, en dos sesiones ordinarias o que la Presidenta de la República Dina Boluarte obligue o detone ese adelanto de elecciones con su renuncia.
Alonso Gurmendi, ‘por su parte, exp0resa que no cree que adelantar las elecciones resuelva la crisis. Creo que la crisis es más profunda. Se necesita resolver el problema de una sociedad fundada en premisas coloniales, donde las personas racializadas y de menores recursos viven en situaciones de enorme precariedad y discriminación. Y sí, es verdad que las reformas económicas de los 90s redujeron la pobreza y aumentaron el PBI, pero es que no es suficiente decir a las personas que “no serán pobres”. Esa clase media emergente de la que tanto se habla en el “milagro económico peruano” también necesita de safety nets públicos (salud, educación, vivienda, seguridad) de calidad.
Y las personas que han quedado excluidas de ese proceso, sobre todo pueblos indígenas y comunidades campesinas, tienen derecho a un sistema que los incorpore y valore como componentes constituyentes de la peruanidad. Esta es una cuestión de derechos humanos –de derechos económicos, sociales y culturales– tan frecuentemente dejados de lado, pero tan vitales como sus pares civiles y políticos.
Muchos han planteado como solución a este problema de colonialidad y racismo subyacente la convocatoria a una asamblea constituyente. Yo no estoy de acuerdo. Creo que esta propuesta arriesga, dada la composición actual de la política peruana, una nueva constitución más autoritaria, más antiderechos y más excluyente de la que tenemos hoy. Creo que la experiencia chilena con el proceso constituyente es una advertencia de que no se puede firmar un cheque en blanco.
Necesitamos procesos de diálogo nacional que permitan crear un mandato de cambio legítimo antes de que se active cualquier iniciativa de reforma. Es decir, que la población le diga a su Estado cuáles son los problemas que quiere que se resuelvan y de qué forma. Luego, con esa hoja de ruta, se elige un mecanismo de reforma, que allí ya sí podría ser una asamblea, aunque no necesariamente. En otras palabras, antes de una asamblea constituyente, necesitamos un proceso de cabildos abiertos.
Alonso Gurmendi sabe que la crisis peruana es una crisis sistémica. Tiene su origen en un Estado que ha sido creado en clave colonial, donde los Andes y el Amazonas son concebidos como áreas ricas en recursos que debe ser explotadas por la élite empresarial limeña para lograr el desarrollo del país, pero donde viven personas que son “obstáculos para el desarrollo” que deben ser, en el más burdo sentido decimonónico, forzosamente “civilizadas”.
Hasta que estas élites no tomen consciencia de las jerarquías y prejuicios raciales que informan este sistema, hasta que no hagan contrición sobre el rol que han jugado en la discriminación de lo indígena del concepto de “peruanidad”, será difícil que el Perú alcance una verdadera paz social, donde todos sean concebidos como ciudadanos con iguales derechos.
Al final, lo que el Perú tiene en este momento es un sistema donde un grupo, por lo general criollo o mestizo, urbano, occidentalizado, y con recursos, puede privatizar sus necesidades básicas para vivir sin ansiedades económicas, mientras que otro grupo, racializado, rural o que vive en la periferia de las ciudades, que vive mes a mes o día a día, o se ve forzado a utilizar servicios públicos de mala calidad, corruptos y mal financiados, o se ve forzado a privatizar sus problemas, pero con alternativas privadas de mala calidad. Es decir, para educación, una universidad “bamba” (de mala calidad, estafadora); para salud, una “chanchita” (una colecta vecinal); para vivienda, un traficante de terrenos; para seguridad, un grupo de matones. Así, es imposible construir un país democrático, donde se respeten los derechos humanos (todos los derechos humanos).
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El periodista de The Associated Press Franklin Briceño en Lima contribuyó a este despacho.
