Diego C. Delgado Jara
“No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los que desde adentro nos quieren vender.”
Arturo Illía.
1. LO QUE DESEA TRANSFERIR LASSO Y LA ARGOLLA OLIGÁRQUICA
1.1. Existe un nuevo y monumental perjuicio en marcha para mayo del 2023: Se trata de la concesión, a espaldas del país, de la telefonía celular desde mayo del 2023 a mayo del 2038, a favor de las corporaciones extranjeras y a costa de los intereses nacionales y populares. Es notorio el afán frenético de Lasso para entregar esta nueva multimillonaria concesión. Se aprecia la desesperación para que nadie amenace su titularidad proclamada para estas fechas, peor con el amague de un juicio político controlado y neutralizado de antemano.
1.2. Es notoria la presencia de informes jurídicos truchos y acomodados para que los temas más importantes, y de mayor interés para el país, no sean abordados en su interpelación. Se inventan trámites de “singularizaciones” que no están en la Constitución y en la Ley; se dilatan procedimientos en forma calculada, en la propia Asamblea, con complicidad correísta y de todos los escuderos de Lasso respaldados por los medios de comunicación al servicio incondicional de las privatizaciones; queman el tiempo para garantizar la lesiva entrega, sin sobresaltos, de la telefonía celular por parte de Lasso a favor de las corporaciones extranjeras. Todo ello con la legislación dictada por los globalizadores a través de Rafael Correa y sus mayorías legislativas de origen electoral turbio. Los hechos son evidentes, aunque buscan encubrir su apoyo a esa política del despojo nacional, propia de la globalización en marcha con regímenes instalados con fraude electoral.
1.3. Las privatizaciones, con este tipo de autoridades instaladas, tienen un poder político y económico demoledor. “Money is money”. De ser necesario, para consumarlas, no se debe descartar eventuales y denunciadas compras de conciencias para que no se presenten fluctuaciones en el poder usurpado. El día triste y cercano que Lasso, a espaldas del pueblo –único dueño de la telefonía y otros bienes nacionales- proclame la injustificada renovación de esta multimillonaria concesión antinacional, el pueblo debería hacer un listado de los centinelas, promotores, escuderos, encubridores y sirvientes de Lasso, de quienes contribuyeron con todas las notorias y “vivísimas” maniobras para que Lasso y la oligarquía perjudiquen, una vez más, de manera tan terrible y reiterada, a nuestra Patria bendita. ¡Para asegurar estos negocios inconmensurables sirven los fraudes electorales de la oligarquía! Correa y Nebot sabían lo que hacían con el CNE de bolsillo y el fraude electoral del 7 de febrero del 2021 para proclamar primero finalista y luego presidente a Guillermo Lasso, el liberador insuperable y concertado de los correístas encarcelados por minucias (ninguno por peculado) y con cuentas mínimas con la justicia. Pero ni esas sentencias han cumplido gracias al régimen de Lasso.
1.4. Con las leyes del privatizador y falso “izquierdista” Correa, que las defiende a dentelladas el banquero derechista Lasso (co-financiador de las campañas electorales de Correa), el presidente de Ecuador posee mayores atribuciones jurídicas que los reyes de Europa. Los emperadores de estos países (Inglaterra, España, Holanda, Noruega o Suecia) no pueden entregar a dedo los recursos estratégicos (como petróleo, minas de oro, plata, cobre, y otros bienes) o los servicios públicos más rentables de esas naciones (sector eléctrico o telefonía), como si lo puede hacer, con la actual legislación dictada por el fascismo del siglo XXI, el presidente de la República.
1.5. Para cumplir estas tareas, el CNE de bolsillo, patrocinado por Correa, Nebot y Lasso, proclamaron a este último como mandatario del país. ¡Precisamente para el despojo nacional del patrimonio público, a manos de la rosca oligárquica, valen los permanentes fraudes electorales! ¡Los globalizadores y los círculos financieros más poderosos del planeta, con la colaboración de sus vasallos criollos –expertos en el engaño y en la complicidad del pillaje insuperable- tienen secuestrada a la República!
1.6. Con las leyes privatizadoras de Correa y el fascismo del siglo XXI, está garantizado el saqueo y la depredación nacional. Si no es Lasso, el opresor que lo sustituya hará la entrega de los bienes patrimoniales de la República con los referidos cuerpos jurídicos inalterables. El sistema de dominación funciona como un engranaje fatal, manejado con la experiencia acumulada de siglos y generaciones de una casta depredadora y opresora, encargada de pulir y preparar a sus sirvientes de uso transitorio. ¡Y se defienden entre ellos, más allá de las polémicas concertadas y agravios convenidos, porque nunca una clase o casta privilegiada se suicida!
1.7. La conducta opresiva oligárquica, del control avasallante y tomento permanente, de la depredación social y represión política inalterable, no es un asunto de determinadas personas aisladas, o líderes de turno transitorios escogidos al azar para el saqueo en posta. Es la conducta del latrocinio planificado de una casta o clase minoritaria sobre el conjunto de la sociedad; cuya existencia y duración en el mando social solo se basa en la represión, el despojo, la exclusión, la explotación y engaño ideológico de pueblos enteros, que languidecen en el abandono, pobreza, desnutrición, falta de trabajo, necesidad extrema, y ausencia de conciencia política. Las colectividades sobreviven con desesperación abrumadora. Salvo que los pueblos adquieran conciencia y organización, luchando a brazo partido por su liberación social y nacional.
2. TRANSFERENCIA PARA TELEFÓNICAS Y PÉRDIDA DE USD 45.000 MILLONES PARA EL PUEBLO
2.1. Lasso busca en mayo del 2023, en contados días, renovar las concesiones de la telefonía celular, a favor de Porta o Claro (CONECEL), propiedad del mexicano Carlos Slim Helou, uno de los hombres más acaudalados del mundo, y de la española Movistar (OTECEL), por otro lapso de quince años: 2023–2038. Es preciso recordar que, en el año 2014, hace 9 años, estas multinacionales ya superaron sus ingresos conjuntos en tres mil millones de dólares, lo que entrañaría que la concesión realizada por Correa en el 2008 y hasta el 2023, en ese lapso de 15 años, tomando ese promedio anual de ingresos, pudieron llegar con facilidad a los USD 45 mil millones de dólares (3.000 x 15 = 45.000), dinero que perdió el país y ganaron los accionistas de las referidas corporaciones extranjeras, por expresa decisión personal de Rafael Correa.
2.2. El valor total de estas dos concesiones, para quince años, pagaderos de manera prorrateada, fue de USD 480 millones para Claro y 220 millones para Movistar; USD 700 millones de dólares en total. (Vistazo Nro. 978, de mayo 15 del 2008, pág. 8.) La declaración de Rafael Correa sobre estas adjudicaciones fue la siguiente: “Hemos cerrado con mucho éxito la negociación con Porta (Claro) (…) La decisión la tomé yo como Presidente de los 13 millones de ecuatorianos. (Vistazo Nro. 978, de mayo 15 del 2008, pág. 11.) Diario El Universo, del martes 6 de mayo del 2008, narra que llegó al país, para finiquitar el negocio, el yerno de Slim, Daniel Hajj Garzozi, y convino la cantidad con Correa, quien salió de la reunión, para presionar sus exigencias, y aceptó el trato desde un avión mientras volaba rumbo a Manta y “su anuencia final la dio por teléfono”. En esa reunión quedó el íntimo de Correa y jefe de las campañas publicitarias del PSC, Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública de ese régimen. (AL FINAL PUBLICAMOS EL RECORTE DE PRENSA.)
2.3. La cifra de esos ingresos monumentales entregó, a nombre de la Asamblea Nacional, Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha, y su información está publicada en diario oficial El Telégrafo, del viernes 24 de octubre del 2014, pág. 3, así como lo difundió en el informativo matutino de Ecuavisa el jueves 30 de octubre del 2014. El monto total del dinero que movió la telefonía celular en ese año llegó a los USD 4.800 millones. (El Telégrafo, sábado 20 de diciembre del 2014, pág. 4).
2.4. La primera concesión de la telefonía celular se hizo en 1993, en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik Garzozi (1992-1996), y su alcance también fue de 15 años, hasta el 2008, violando el Art. 61 de la Constitución de 1978, que precautelaba que esos bienes estratégicos debían ser “patrimonio EXCLUSIVO del Estado”. Nadie podía transferir ni apropiarse de esos bienes ni siquiera en el uno por ciento, porque entonces no hubiese existido propiedad EXCLUSIVA. Pero el régimen de Durán Ballén y Dahik Garzozi, violando de manera deliberada la Constitución entonces vigente, envió a manos privadas varios bienes nacionales: la única fábrica nacional de fertilizantes (FERTISA), la fábrica nacional de cemento, el más grande ingenio azucarero del país (AZTRA), la empresa nacional Ecuatoriana de Aviación, y la telefonía celular, entre otros bienes.
2.5. Precisamente para “legalizar” éstos despojos inconstitucionales e ilegales, consumados a espaldas del país –único dueño de esos bienes- en ese gobierno, y evitar que el Estado y un eventual gobierno honrado los reclame y recupere con facilidad, se expidió la Constitución de 1998. Esta Constitución es un instrumento jurídico perverso que auspicia y permite el despojo social y el mayor saqueo nacional de toda su historia. La autorización, para las privatizaciones, para “legitimar el robo”, constan en los Arts. 247 y 249 de esa Constitución, controlada por la Democracia Cristina y el PSC. Su presidente fue Oswaldo Hurtado Larrea (DC), y su vicepresidente Marcelo Santos Vera (PSC). Para consumar este despojo, a espaldas del pueblo, se reunió esta Asamblea de 1998, de dudosa transparencia electoral, dentro del cuartel militar de Sangolquí, y jamás se puso su texto en consideración del pueblo, porque sabían que este texto privatizador sería rechazado en forma rotunda.
2.6. Esta Constitución de 1998 por la que tanto clama la extrema derecha, fue asesorada por los mismos españoles que guiaron la del 2008; estableció el carácter vitalicio de la Corte Suprema (Art. 207) y el cobro por la administración de Justicia (Art. 207); eliminaron el libre ingreso a las universidades para elitizar la educación (Art. 77 y transitoria 12); y facultó que el dinero del Banco Central del Ecuador, es decir del país, sirva para las crisis financieras “como créditos de estabilidad y de solvencia” para los bancos privados que utilizaron el dinero de sus clientes con la esperanza de comprar el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (EMETEL), y hasta Petroecuador, que ya permitía esta Constitución privatizadora.
2.7. La norma que preparó y organizó el atraco bancario y desaparición del dinero de ahorristas y cuentacorrentistas fue la 42 transitoria de la Constitución de 1998, aprobada en los últimos minutos de la última sesión de la “Constituyente”, el 4 de junio de 1998. El monto del atraco bancario llegó a los USD 8.072 millones de dólares, según la documentación de la “Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera”, cuyo informe se entregó en julio del 2007, y que la conformaban Eduardo Valencia Vázquez, Ramiro Larrea Santos y monseñor Víctor Corral, obispo de Riobamba. El monto consta en su página 77. Cabe recordar que, en un zarpazo fallido, por la falta milagrosa de dos votos, no aprobaron la privatización del IESS. La Constitución de 1998, jamás puesta en consideración del pueblo ecuatoriano, fue el preludio planificado e instrumento jurídico indispensable para abrir las puertas para el pillaje colosal y saqueo nacional monstruoso que padecemos. La Constitución de 1978 es mil veces mejor y protegía el patrimonio histórico del pueblo, pero que fue derogada por los motivos encubridores indicados.
3. NUEVO BOCADO POR USD 75.000 MILLONES DE DÓLARES
Se calcula que en el lapso 2023 al 2038 las ganancias anuales de la telefonía celular superarían con facilidad el promedio de los USD 5 mil millones al año. Por lo tanto, la renovación de estos contratos implicaría ceder, a favor de las multinacionales, unos USD 75 mil millones de dólares. (5.000 x 15 = 75.000); cantidad fabulosa de dinero que dejaría de recibir el país, y con el que podrían hacerse y financiarse muchas obras y servicios, caso de la educación gratuita en todos los niveles o la salud bien atendida y sin costo para los pobres hoy desamparados. Si Lasso considera que se puede sacar de encima a la Asamblea aplicando ahora la muerte cruzada, para que nadie interfiera en sus propósitos, ni lo fiscalice, lo hará sin la menor duda.
4. OPORTUNIDAD DE LA LLAMADA “MUERTE CRUZADA”
4.1. Lasso antes no quería considerar la muerte cruzada, porque según el Art. 148 de la Constitución, que permite este paso, debe convocarse a elecciones en un plazo de 7 días luego de su publicación, para elegir tanto presidente de la República como para los asambleístas, “hasta que concluyan el período”, esto sería hasta mayo del 2025. Si tomaba la decisión de la muerte cruzada en meses anteriores, o en el 2021 o 2022, ahora, en mayo del 2023, no hubiese estado de presidente y no hubiese sido él quien autorice, a espaldas del país y contra el interés nacional, la transferencia de la telefonía celular para el lapso mayo 2023 hasta mayo 2038; aunque se conoce que estarían pretendiendo ampliar la concesión hasta el año 2043, es decir por veinte años.
4.2. Cuando se dicta y produce la “muerte cruzada”, según el último inciso del Art. 148 de la Constitución, el presidente de la República “podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica”. Es decir, queda de dictador a plazo fijo; hasta que se elija y posesione el nuevo presidente y la nueva asamblea, que, como están las, cosas, seguirá proclamada por los consabidos CNE de bolsillo. ¿Alguien supone que Lasso no pondría una ley sobre el IESS y su patrimonio (sobre todo sus ingresos y fondos de jubilación), o sobre la toma del Banco del Pacífico, sus conocidos objetivos? ¡Estemos atentos!
4.3. Seamos lógicos: ¿Quién causaría más destrozos, un elefante en una cristalería o Lasso, sin ningún control sobre su codicia ilimitada, en la sociedad ecuatoriana? ¡Solo miren los cientos de asesinados en las cárceles, donde no ordena colocar escáneres para controlar el ingreso ilimitado de armas y municiones! ¿Qué significan cientos de vidas humanas para este “cristiano” indolente que debería proteger, por mandato constitucional, la existencia de todos los ciudadanos? ¿Dónde están los dineros obtenidos por el precio extraordinario del petróleo por la guerra entre Rusia y la OTAN sobre Ucrania? ¿Alguien puede dar cuenta de los más de cinco mil millones de dólares recaudados por nuevos impuestos (con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico), así como de los ingresos de nuevos precios de los combustibles? ¿Se puede amarrar a un doberman con una longaniza? ¡Miremos a todos los empresarios privatizadores gimiendo y clamando por una pronta decisión que preserve sus negocios ya conversados!
5. TRANSFERENCIA DE BIENES PÚBLICOS Y SUCULENTAS MORDIDAS
5.1. En una histórica entrevista realizada por Greg Palast, publicada el 10 de octubre del 2001, en el diario “The Observer”, de Londres, a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, ex vicepresidente del Banco Mundial y principal asesor del Fondo Monetario Internacional, él reconoce de manera expresa, con la experiencia y el conocimiento de ser alta autoridad en los organismos multilaterales más importantes del mundo, que a todo gobernante o alto funcionario de cualquier país, que permita, facilite o tramite la transferencia, concesión o privatización, de un bien público, sean recursos naturales o empresas fiscales, en el llamado “Reino del Soborno”, se le reconoce o entrega el diez por ciento de su valor colocado en la banca suiza o en un paraíso fiscal a escoger.
5.2. ¡Esta “mordida” o “tajada” conocida en el mundo entero es una de las principales “razones” para el saqueo ininterrumpido del patrimonio social y nacional de nuestros pueblos! Defender los bienes públicos con honradez y cariño para la Patria y el pueblo no brinda las jugosas “mordidas” que facilitan las multinacionales. Por eso la rosca oligárquica transfiere, en base al poder político obtenido con trampa, con los permanentes fraudes electorales, la riqueza del país. Colocan autoridades expertas en el latrocinio, que transfieren la más suculenta riqueza y recursos naturales de nuestros países a favor de las multinacionales, propiedad de los círculos financieros más poderosos del mundo, quienes dirigen, de manera planificada e inexorable, el proceso de la globalización, una dictadura fascista implacable, de alcance planetario, del llamado Nuevo Orden Mundial, NOM.
5.3. ¡Los gobiernos sirvientes de las multinacionales y de la globalización son los peones colocados con fraude en el poder usurpado de nuestros países, precisamente para que impulsen el pillaje sistemático y total de la riqueza de nuestras colectividades nacionales, que, de este modo y con este método, pasan a manos de los círculos financieros más poderosos del planeta! Con los mismos fraudes electorales posesionan mayorías legislativas jamás elegidas, pero dóciles para el pillaje mediante la aprobación de leyes delincuenciales, que permiten, de manera programada, el saqueo absoluto de los recursos naturales y servicios públicos más rentables de nuestro Ecuador bendito.
5.4. Deberíamos ir a una asamblea nacional constituyente, SIN LAS PATRAÑAS DE LOS CNE DE BOLSILLO, EXPERTOS EN EL FRAUDE (porque entonces la oligarquía y el fascismo seguirán haciendo trampa), para declarar la nulidad de estas leyes delincuenciales para consumar el atraco incesante, y nosotros, como pueblo, poder proclamar la recuperación absoluta de todo nuestro patrimonio social y nacional esquilmado. También para, entre otros aspectos, procurar recuperar lo robado por varias gavillas de asaltantes en los últimos lustros, y exigir como sociedad que, en un lapso de cincuenta años, hijos y nietos de estos malandrines expliquen y justifiquen el origen de sus bienes las veces que sean necesarias. ¡Pueblo que pelea por la justicia y la libertad, y no abandona la lucha indispensable y jamás se rinde, nunca será vencido!
