Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
El proceso electoral para los gobiernos seccionales y la consulta popular sobre 8 preguntas, realizados el pasado domingo 5 de febrero (2023), han sido un contundente golpe histórico en contra del bloque de poder empresarial-neoliberal y oligárquico, constituido en Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y consolidado con el ascenso presidencial de Guillermo Lasso (2021). Pensaban que la captura del Estado blindaría sus negocios, fomentaría sus intereses para el largo tiempo, alentaría inversiones propias y extranjeras, lograría el definitivo “retiro” del Estado, el alivio de todos sus impuestos y la soñada flexibilidad laboral para incrementar sus ganancias a costa de mayor explotación humana. Ese camino, escudado en el ataque a todo progresismo, la persecución al “correísmo”, la represión al movimiento indígena, la marginación a los trabajadores y otros movimientos sociales y, además, blindado por los grandes medios de comunicación, así como por una serie de editorialistas, periodistas y analistas, convertidos en actores políticos y agentes de la ideología hegemónica, ha alterado la vida del país en tan solo 6 años.
Tal como ya ocurrió en el pasado con gobiernos oligárquicos como el de León Febres Cordero (1984-1988), que inauguró el modelo empresarial-neoliberal en el Ecuador contemporáneo, la misma orientación reproducida en la actualidad, ha agravado las condiciones de vida y de trabajo de la población, desplazó al Estado como instrumento de desarrollo, inversión social y redistribución de la riqueza, desarticuló la institucionalidad, revirtió los logros económicos y sociales obtenidos en la década 2007-2017, desatendió los servicios públicos, vio crecer la corrupción público/privada y, como nunca antes en la historia nacional, provocó el inédito galope de una indetenible delincuencia, que ha convertido al país en el más inseguro de América Latina en apenas un lustro (https://bit.ly/3jHk3WZ). De modo que, con la victoria del pasado domingo, la enorme mayoría nacional ha dicho basta al modelo de economía, marcando un quiebre que abre el camino a la reconstrucción de la institucionalidad, la vía del buen vivir y la democracia, que tomará algún tiempo.
En la provincia del Guayas y en Guayaquil ha sido abatido el dominio de tres décadas del socialcristianismo. Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad y máxima figura del partido, reaccionó señalando a Lasso como “un hombre que nos traicionó” Pero, además, es otro golpe de magnitud histórica a la elite regionalista, ya que desarticula su proyecto de ciudad-Estado neoliberal (al que permanentemente calificó como “modelo exitoso”), fundamentado incluso en su propia ideología sobre la historia local y sus ideales autonomistas y hasta independentistas. Quien triunfa allí es la Revolución Ciudadana (RC), es decir el correísmo. Algo parecido ha ocurrido en la provincia de Pichincha y Quito, donde la aristoligarquía ha sido impactada por el triunfo de los candidatos de la RC a la gobernación de la provincia y a la alcaldía de la ciudad. Las diferencias estructurales se evidenciaron en las votaciones: en barrios populares ganaron el NO y el correísmo, mientras en algunas zonas “burguesas” triunfó el SI y el anticorreísmo. A tal punto llega esta polarización que la directora de la revista Vistazo, con ámbito nacional, propone subdividir Quito, a fin de que cuente con distintos alcaldes (https://bit.ly/3jH1PVv). Es una visión que implicaría tomar en cuenta las preferencias clasistas, en una ciudad en la cual se identifican como “gente de bien” aquellos sectores que se asumen como élite urbana. Entre ellos, la propuesta va ganando adeptos.
Sin duda, el triunfo social-popular reimpulsa, en forma inesperada, a la RC, que recupera posiciones como primera fuerza política en el espectro de las izquierdas, reivindica al correísmo y reconoce el liderazgo político del expresidente Rafael Correa. Y el resultado tiene mayor significado si se considera que las derechas creían haber liquidado a este sector, cuyos líderes, militantes y hasta simpatizantes, han sufrido una inédita persecución estatal en cuatro décadas de democracia ecuatoriana, impulsada desde el gobierno de Moreno y que incluyó el lawfare e incluso una serie de procesos penales, cuestionados nacional e internacionalmente (https://bit.ly/3XkI9EG / https://bit.ly/3x6N7dG). El anticorreísmo perdió piso, porque su discurso, basado en el odio y de la estigmatización, ha sido derrotado, lo cual no implica que desaparezca. En todo caso, la RC triunfó en 9 provincias (prefecturas), entre las que se hallan las de mayor población y posiblemente alcance cerca unas 60 alcaldías en las ciudades con mayor peso. La segunda fuerza política es Pachakutik, que representa al movimiento indígena, igualmente combatido, reprimido con violencia en octubre 2019 y junio 2022, con líderes judicializados y que ahora triunfa en provincias centrales de la Sierra y parte de la Amazonia.
La derrota del gobierno de Lasso ha sido total y así lo han destacado las principales agencias de prensa internacionales. Antes de la consulta, su respaldo apenas bordeaba el 10%, de modo que la convocatoria buscaba alguna legitimación social. Combatió a todos los que proponían el NO en el referéndum como “narcos” y “antipatria”. Producida su dramática pérdida, ha girado el lenguaje y Lasso declara que el propósito del referéndum “siempre fue escucharlos”, que lo ocurrido el domingo “es un llamado del pueblo al gobierno” pero “también” a “todos los partidos y agrupaciones”, para dejar las “rencillas entre nosotros”, por lo cual “convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo”; lamentándose, además, de la instauración de una “cultura política” que ve a quien piensa diferente como “adversario” e incluso “enemigo”; y reiterando: “pongámonos a trabajar juntos” (https://bit.ly/3DQYRVa). Es, precisamente, lo que no hizo antes, por lo cual ha vuelto a quedar solo, ya que las organizaciones políticas, otrora atacadas, han decidido no participar en el acuerdo ni volver a caer en engaños y mentiras. Además, el impacto electoral ha provocado la renuncia de altos funcionarios y su inmediato remplazo (https://bit.ly/3HNFPAs), mientras las denuncias sobre corrupción rodean al mismo mandatario (https://bit.ly/3lrX6HP). Bajo semejantes condiciones, al presidente solo le quedaría renunciar, acudir a la muerte cruzada o convocar a elecciones anticipadas, que son vías constitucionales, aunque es previsible que prefiera aferrarse al cargo, con el apoyo de esa fracción del bloque de poder que aún es capaz de sostenerlo, para no perder las riendas del modelo económico neoliberal, que es su causa suprema.
En la coyuntura, se ha producido el resquebrajamiento del otrora monolítico bloque de poder, evidente en la ruptura del socialcristianismo con un gobierno al que apoyaron desde sus inicios. Pero es una “ruptura” temporal, porque a las elites empresariales y a las derechas políticas y mediáticas les ligan los mismos intereses económicos que finalmente motivan su control del Estado, el dominio social y sus esfuerzos para impedir cualquier ascenso de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. El “correísmo” es su fantasma permanente.
En América Latina el triunfo social-popular ha sido apreciado como un camino que acerca Ecuador a una región en la que predominan gobiernos progresistas. Es cierto, aunque en forma relativa, porque lograr el control de importantes gobiernos seccionales no permite cambiar al Estado central. Si se produce un triunfo igual en las elecciones presidenciales de 2025, se habrá logrado esa identidad latinoamericanista. Pero el camino todavía está por levantarse. Y quienes pasan a ocupar prefecturas y alcaldías tienen desafíos muy complejos, bajo un ambiente en el cual las derechas solo esperan la primera debilidad para agudizar su lucha por el poder, que se ha vuelto más agresiva y antidemocrática en América Latina. Es sintomático que aparezca la confabulación política y se empiece a levantar la idea de un “fraude” a favor del “correísmo” (https://bit.ly/3jRAHD9 / https://bit.ly/3YHpgNs). Increíble, pero cierto .
ECUADOR: CONSULTAS Y REFERENDOS
Durante el siglo XIX la “democracia” ecuatoriana -como ocurrió en toda Latinoamérica- fue un ideal ajeno a las realidades sociales del país, sometido al dominio de familias de hacendados, comerciantes y banqueros, que estancaron el desarrollo económico y la promoción del bienestar social. En tales condiciones parece raro que Gabriel García Moreno convocara el primer referendo en la historia nacional, para aprobar la Constitución de 1869. Triunfó en su propósito y la Constitución consagró el sistema conservador, proclamó a la religión católica como única reconocida por el Estado e introdujo el requisito de “ser católico”, para obtener la ciudadanía
Las otras 12 consultas populares y referendos que ha tenido Ecuador pertenecen a la historia contemporánea. El 15/01/1978 se escogió entre dos proyectos y ganó la nueva Constitución que entró a regir con la posesión de Jaime Roldós (1979-1981), primer presidente del largo ciclo “democrático” que vive el país. Esa Carta fortaleció capacidades del Estado, definió 4 sectores de economía (privado, público, mixto y comunitario), reconoció recursos nacionales estratégicos, garantizó derechos individuales y sociales. Las derechas económicas y políticas la consideraron “estatista” y hasta “comunista”.
León Febres Cordero, que inició el primer gobierno empresarial-oligárquico de esta época, convocó a pronunciarse sobre una sola pregunta, para que los “independientes” sean candidatos, sin requerir afiliación a un partido (1/6/1986); pero fue derrotado, pues el NO ciudadano fue movilizado para expresar el rechazo al gobierno, convertido en un régimen despótico y represor. La misma pregunta obtuvo el SI en el referendo que hizo Sixto Durán Ballén (28/8/1994) sobre 7 preguntas, que incluyeron la posibilidad de realizar reformas constitucionales, limitar facultades del Congreso sobre el presupuesto y los fondos públicos, elección de asambleístas, facultar la reelección y posibilidad de adquirir una segunda nacionalidad. Al gobierno interesó apuntalar su gestión y logró apoyo. Pero Durán Ballén fue un continuador de la misión económico-empresarial que despertó el régimen febrescorderista, de manera que confió en obtener el apoyo popular a un nuevo proceso de consulta sobre 11 preguntas (26/11/1995), que incluyeron asuntos sobre descentralización, recursos nacionales, paralización de servicios públicos, disolución del Congreso, elecciones distritales y uninominales, presidencia del Congreso, reformas a la función judicial, creación del Tribunal Constitucional y, especialmente, la posibilidad de “privatizar” la seguridad social. El país negó todas las preguntas, expresando el rechazo a la vía neoliberal-oligárquica del gobernante.
Fabián Alarcón, presidente interino, consultó sobre 13 preguntas (25/5/1997), con el interés de que se ratifique su gobierno tras el derrocamiento del corrupto régimen del antecesor Abdalá Bucaram, aunque las preguntas incluyeron la posibilidad de una Asamblea Constituyente, regular sobre partidos políticos, integrar los organismos de control, modernizar la Función Judicial e incluso adoptar la revocatoria del mandato. Del proceso constituyente surgió la Constitución de 1998, reaccionaria Carta, que consagró el neoliberalismo económico, aunque revistió sus principios con conceptos políticos modernizantes. Años más tarde, Alfredo Palacio consultó sobre 3 preguntas realmente ineficaces y hasta innecesarias (26/11/2006), porque buscaban, en definitiva, que se de prioridad a las inversiones públicas en salud, algo que podía cumplir cualquier gobierno con decisión política y eficacia gubernamental.
Rafael Correa convocó 4 procesos: como punto de partida, realizar una Asamblea Constituyente (15/04/2007) y aprobar la nueva Constitución (28/09/2008). Tuvo amplio apoyo y nació una nueva Constitución, que recobró el camino para una economía social, con Estado plurinacional y amplias garantías sociales. Esta Carta nunca ha sido del agrado de las derechas económicas y políticas, y en la actualidad incluso hay sectores que plantean el retorno a la Constitución de 1998. El gobierno se inscribió en el marco del progresismo latinoamericano del siglo XXI, hizo inversiones públicas y mejoró las condiciones económicas y sociales del país, que fueron logros reconocidos en informes de los principales organismos internacionales. Realizó otra consulta sobre 10 preguntas (7/5/2011), referidas a varios asuntos penales, prohibir a empresas financieras participar en las de comunicación, reformas a la Función Judicial, prohibir casinos y sus juegos, así como espectáculos con muerte de animales, sobre la ley de comunicación, el delito de enriquecimiento privado y la no afiliación a la seguridad social (IESS) como infracción penal. Y tuvo enorme repercusión, al mismo tiempo que resistencias elitistas, la única pregunta en otra consulta (19/2/2017) para prohibir el desempeño de cargos de elección popular a quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. En todas las consultas y referendos triunfaron, en forma contundente, las propuestas del gobierno.
Lenín Moreno dio un giro total a la conducción del Estado que hubo en la década inmediata anterior, revirtió los logros sociales del gobierno precedente, inauguró una inédita persecución al “correísmo” y restauró el modelo empresarial-neoliberal, los vínculos de dependencia con el capital extranjero y las políticas imperialistas. Hizo una consulta sobre 7 preguntas (4/2/2018), relativas a sancionar la corrupción, volver a la reelección por una sola vez, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) encargado de designar a las autoridades de control, sobre la prescripción de delitos sexuales, prohibir la minería metálica en áreas sensibles, derogar la Ley de Plusvalía y reducir zonas de explotación petrolera. El gobierno logró el apoyo ciudadano.
Sobre las herencias del gobierno de Moreno, se levantó el triunfo de Guillermo Lasso a la presidencia, quien ha consolidado, en forma definitiva, un gobierno empresarial-neoliberal sustentado en un inédito bloque de poder con hegemonía de los grandes grupos económicos, mediáticos y el dominio de fuerzas de la derecha política. El gobierno de Lasso convocó a pronunciarse sobre 8 preguntas el domingo 5 de febrero (2023), de modo que los resultados de este proceso no estuvieron listos al momento de escribir y publicar este artículo. Las preguntas tenían que ver con la extradición, autonomía de la Fiscalía, reducción de asambleístas, el registro de partidos, sobre autoridades de control, reestructura del CPCCS, el subsistema de protección hídrica y compensaciones por apoyo a generación de servicios ambientales.
Si bien las consultas populares y los referendos son mecanismos de la democracia directa, es indudable, al mismo tiempo, que, en sus respectivos momentos, cada gobierno ha buscado afianzar sus políticas. Ha sido reiterado el afán por lograr reformas sobre la Función Legislativa, a fin de tener mayor incidencia en sus decisiones, pero también sobre la Función Judicial y el sistema de justicia e incluso sobre los organismos de control (Contraloría, Fiscalía, Superintendencias, Defensorías). En varios procesos no solo el número de preguntas, sino sus “anexos”, han complicado la conciencia colectiva y esconden a la población más amplia las verdaderas intenciones e implicaciones que tienen los temas consultados para la vida del país. Sin duda esos procesos se inscriben en el marco de las luchas políticas y sociales en torno al poder. Y así como el país ha vivido otros momentos de carácter reformista, progresista y democrático, se evidencia, en la actualidad, una época de reflujo, en la cual las elites oligárquicas y las burguesías neoliberales, están aferradas al mantenimiento de su hegemonía por todos los medios que les da la captura del Estado y sus instituciones.
