Nueva crisis política en Perú. El Congreso destituye al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción. Lo sucede en el cargo Manuel Merino quien asegura: «nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática”. Muchos peruanos creen que el cambio de presidente responde a otras razones. ¿Qué ocurre en Perú? ¿lucha contra la corrupción o golpe institucional?
Diana Luna, internacionalista mexicana y asesora de América Latina en Alemania. Diana dice que: «ante la crisis de gobernabilidad, es necesario lograr coaliciones, dejando el caudillismo y los juegos de sumar cero».
Moira Zuazo, investigadora asociada de la Universidad libre de Berlin (FUB) del Programa de Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la Región Andina (trAndeS). Ella considera que «la destitución muestra el entrelazamiento entre partidos que no representan, una sociedad que exige rendición de cuentas y un andamiaje constitucional que fragiliza la democracia».
Isaac Risco, periodista peruano. Fue corresponsal de la agencia de noticias alemana dpa en América Latina y ahora es parte del equipo de DW. Isaac opina que «la moción de vacancia se ha convertido en un arma política peligrosa para la democracia en Perú».
NUEVA CRISIS POLÍTICA EN PERÚ
La nueva acusación contra Castillo acelera la descomposición política en Perú
La fiscalía presenta por primera vez una denuncia constitucional contra un presidente en ejercicio. El destino de Castillo es incierto, pero la crisis política se agudiza en un país atrapado en un callejón sin salida.
Las recientes acusaciones contra Pedro Castillo ha llevado la crisis política en Perú a un nuevo nivel, pese a que el país sudamericano lleva años habituado a los enormes escándalos de corrupción en torno a sus presidentes. Este martes, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, acusó al cuestionado mandatario de izquierda de ser responsable por la existencia de una «presunta organización criminal enquistada en el gobierno». «Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable», señaló Benavides en una rueda de prensa en Lima en la que presentó una denuncia constitucional contra el mandatario.
Aunque Castillo lleva tiempo siendo acusado de corrupción, es la primera vez en la historia contemporánea del país que la Justicia busca llevar a un presidente al banquillo de los acusados durante su mandato, y que pide al Parlamento que levante su inmunidad. Si el siempre impredecible Congreso peruano acepta la denuncia, Castillo podría ser suspendido de su cargo en las próximas semanas. ¿Está cerca entonces el final de la corta y caótica presidencia de Castillo en Perú?
CAOS DURANTE EL GOBIERNO DE CASTILLO
Lo cierto es que los últimos meses han hundido aún más a la frágil democracia peruana en la crisis política. Castillo llegó al poder por sorpresa en 2021, al frente de un partido con un programa radical de izquierda, Perú Libre. Su triunfo se atribuyó al enorme descontento de los peruanos con su democracia tras años de escándalos de corrupción. Castillo, un antiguo maestro rural andino, arrancó su mandato con muy mal pie, pues gran parte de las desprestigiadas élites políticas no aceptaron nunca su derrota. La oposición más radical lo acusó de orquestar un fraude electoral sin presentar pruebas, y el mandatario afrontó en sus primeros ocho meses de gobierno dos intentos del Congreso para destituirlo en base a una difusa figura constitucional, la declaración de la vacancia presidencial.
PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE CASTILLO EN LIMA.
El propio Castillo, sin embargo, ha justificado las críticas en su contra con una gestión calamitosa. Y muchos expertos consideran fundadas las acusaciones de corrupción.
«Hay elementos muy graves que sindican al presidente y a su entorno más cercano», dice a DW el abogado constitucionalista y analista político limeño Edward Dyer. «Es cierto que la corrupción que hay alrededor de él lo salpica de forma clara y notoria», considera también el politólogo Alonso Cárdenas. Por ello, no sólo la oposición de derecha radical, sino en tanto también amplios sectores de la sociedad piden la salida del presidente, cueste lo que cueste. En Perú se vive desde hace tiempo un clima de pesimismo político que ha alimentado los discursos más radicales.
DUDAS SOBRE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Y el país debate ahora sobre la legalidad de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, que acusa a Castillo de tráfico de influencia agravado y de colusión para enriquecimiento personal. «La denuncia no debe prosperar, porque en la Constitución peruana hay un artículo que establece una protección para el presidente», considera Dyer. «Al presidente se le puede acusar, mientras ejerce el cargo, sólo por traición a la patria, por impedir elecciones, por no dejar trabajar al Congreso o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones», enumera. La misma argumentación sigue Omar Cairo, otro experto en asuntos constitucionales. «No le queda otro remedio al Congreso, si respeta la Constitución, que declarar improcedente la denuncia», dice Cairo a DW.
Dyer señala, sin embargo, que el actual Congreso peruano, rodeado de múltiples escándalos de corrupción y más desprestigiado que el propio Castillo, podría ser impredecible a la hora de votar sobre la denuncia contra el presidente.
El politólogo Cárdenas cree que al final primera el instinto de supervivencia política de los congresistas, pues la caída de Castillo podría reforzar el clamor de los ciudadanos para que se convoque a elecciones generales y se elija a un nuevo Ejecutivo. «Creo que los congresistas bajo ningún punto de vista van a arriesgar su permanencia en el poder, incluso si eso implica que el presidente Castillo continúe su mandato», dice.
SIN SALIDA PARA LA CRISIS
Más seguro parece, en cambio, que la crisis política del país ha entrado en un callejón sin salida. «Lo que se vive en el Perú ya desde hace años es un proceso de descomposición de las instituciones políticas que viene de años, incluso de décadas, y que la pandemia ha acelerado», resume Cárdenas. Los acontecimientos de los últimos años parecen darle la razón. En Perú, todos los presidentes elegidos de forma democrática desde el fin del régimen autoritario de Alberto Fujimori, en el año 2001, han sido investigados o acusados formalmente de corrupción tras su paso por el poder.
PIDEN EN PERÚ EXCLUIR A FISCAL GENERAL DEL PROCESO CONTRA PEDRO CASTILLO
El abogado defensor del presidente Pedro Castillo, argumenta su petición en la falta de objetividad de la fiscal general, Patricia Benavides, y de querer ejecutar “una venganza personal”.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, es acusado de liderar una supuesta red corrupta desde el Ejecutivo.
El abogado peruano Eduardo Pachas, defensor del presidente Pedro Castillo, afirmó este miércoles (19.10.2022) que la fiscal general, Patricia Benavides, debe ser excluida de la investigación contra el mandatario por su supuesta falta de objetividad y aseguró que la denuncia constitucional en su contra es una «venganza de tipo personal».
En declaraciones a los medios de comunicación, Pachas explicó que el Código Procesal Penal contempla la figura de inhibición cuando un fiscal se considera víctima del imputado y que, de ser así, este «ya no puede continuar en la investigación».
«La figura de la inhibición se pide ante la persona que hace este requerimiento y también, en caso de no hacerlo, se pide su exclusión porque pierde lo que en el derecho penal se llama objetividad o el principio del funcionario imparcial que debe investigar», sostuvo.
Pachas agregó que la denuncia constitucional que Benavides presentó la semana pasada en el Congreso contra Castillo por presuntamente liderar una supuesta organización criminal no cuenta con pruebas de la magnitud de las imputaciones, por lo cual, aseveró, queda plasmada «una venganza del tipo personal al presidente».
«Ya no se busca la verdad o descubrir los hechos, sino se busca un tema de venganza de tipo personal al presidente de la República», sentenció el abogado.
Por otro lado, Pachas denunció que en este proceso contra el mandatario se está vulnerando no solo el artículo 117 de la Constitución peruana, que establece que el presidente del país solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos que no contemplan los delitos de corrupción, sino también el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa.
FISCALÍA DICE TENER 190 PRUEBAS CONTRA CASTILLO
«Son tres garantías que quiebran el debido proceso y hacen que este proceso sea nulo (…) y (de) esto ya la OEA (Organización de Estados Americanos) ha tomado competencia y está señalando su preocupación, por lo cual ha llamado una reunión para que se vean estos esquemas», dijo.
La OEA celebró una sesión extraordinaria para analizar la «situación de Perú», después de que Castillo pidiera al secretario general del organismo, Luis Almagro, que se tomen medidas para mantener la democracia en el país.
El gobernante exhortó al organismo a aplicar en Perú los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que establecen que cuando un Estado miembro considera que está en riesgo su «ejercicio legítimo del poder» puede pedir a la OEA que le dé asistencia para fortalecer y preservar la «institucionalidad democrática».
Por su parte, la Fiscalía peruana aseguró hoy que tiene más de 190 elementos probatorios para sustentar una acusación contra Castillo por presuntamente liderar una supuesta red corrupta que, desde su Ejecutivo, otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas.
La denuncia constitucional contra Castillo, que lo señala además de tráfico de influencias y fraude, fue calificada por el presidente como inconstitucional y como una nueva modalidad de golpe de Estado.
mg (efe, Andina)
CRISIS POLÍTICA EN EL PERÚ: ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?
Carlos Aquino RodríguezDirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) afirma:
El problema principal, y que explica la inestabilidad política en este país, es la precariedad del sistema de partidos políticos, que en cuatro años ha tenido cinco presidentes; otro factor es la sombra de una profunda corrupción que desde hace años produce mucha desconfianza entre los ciudadanos.
Perú permanece en crisis institucional con un Congreso, mayoritariamente opositor, que no ha cesado en su presión al mandatario Pedro Castillo durante los ocho meses que lleva en el cargo. Fotos: Ernesto Benavides-AFP.
Perú permanece en crisis institucional con un Congreso, mayoritariamente opositor, que no ha cesado en su presión al mandatario Pedro Castillo durante los ocho meses que lleva en el cargo. Fotos: Ernesto Benavides-AFP.
El Perú enfrenta un escenario político complicado, en donde cada día parecen haber más sorpresas. La oposición ha intentado dos veces ya sacar al presidente de la República Pedro Castillo, en el gobierno desde julio de 2021, y por su parte el Ejecutivo, de boca de algunos de sus voceros, ha amenazado con disolver el Congreso.
Lo último ahora es la insistencia del Gobierno en llamar a un referéndum para que se elija una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de la República de 1993, hecho que la oposición ve como una medida para perpetuarse en el poder, como lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La inestabilidad política en el Perú no es nueva: en los últimos cuatro años ha tenido cinco presidentes. En marzo de 2018 renunció Pedro Pablo Kuczynski (que había asumido el gobierno en julio de 2016), antes de que fuera sometido a un proceso de vacancia por el Congreso, y días después de haberse salvado de una primera acción de este mismo tipo.
Kuczynski fue remplazado por su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien disolvió el Congreso en septiembre de 2019, y en enero de 2020 se eligió uno nuevo, que a su vez fue el que lo sacó del cargo el 9 de noviembre de 2020, en un segundo intento.
En su reemplazo, el 10 de noviembre el Congreso nombró a Manuel Merino, que era el presidente de esta institución, pero tuvo que renunciar el 15 de ese mes ante la oposición popular, por lo que se nombró a otro congresista, Francisco Sagasti, quien estuvo en el poder hasta julio de 2021 cuando asumió Pedro Castillo, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú y candidato de Perú Libre.
La elección que ganó Castillo, en segunda vuelta, fue bastante controversial, pues se impuso ajustadamente, y ante acusaciones de fraude de la candidata perdedora, Keiko Fujimori.
Castillo, un profesor de un colegio primario en una provincia del norte del Perú y sin ninguna experiencia en un cargo público, fue elegido candidato de un partido político que nunca había participado en una elección presidencial.
Perú Libre es liderado por el médico Vladimir Cerrón, exgobernador regional condenado por casos de corrupción durante su periodo como gobernador de una región en el centro del Perú. Este propugna ideas socialistas, y Cerrón, con la cúpula, es admirador de los regímenes de Cuba y Venezuela.
PARTIDOS FRÁGILES Y DIVIDIDOS
El problema principal, y que explica la inestabilidad política del Perú, es la precariedad del sistema de partidos políticos. En las elecciones de abril de 2021, cuando Castillo fue elegido en primer lugar para disputar después una segunda vuelta, algunos de los que obtuvieron votos fueron aquellos que nunca habían participado en una elección presidencial.
En el Congreso unicameral de 130 representantes, el partido mayoritario es Perú Libre, que puso solo 37 congresistas, seguido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, con 24; luego viene Acción Popular, el más antiguo en el Congreso, con casi 60 años de fundado, que sacó 16; después está Alianza para el Progreso, que desde hace 16 años participa en elecciones generales y que obtuvo 15 curules; después está Avanza País, que participó en las elecciones generales de 2006, pero perdió su inscripción al obtener pocos votos, y en 2021 participó otra vez y puso 10, y por último está Renovación Popular, que obtuvo 9 escaños.
En total 10 partidos obtuvieron escaños en el Congreso, lo que evidencia también la atomización de las fuerzas políticas. Aparte de Perú Libre, Avanza País y Renovación Popular, con nueva representación en el Congreso, también están otros dos que recién participaron en una elección presidencial en 2021: Podemos Perú, que obtuvo 5 escaños, y el Partido Morado, con solo 3 escaños.
Es interesante ver que de los últimos seis presidentes que gobernaron el Perú hasta la elección de Pedro Pablo Kuczynski en 2016 –como Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, y Ollanta Humala, y el mismo Kuczynski–, los partidos de Toledo, García, Humala y Kuczynski prácticamente desaparecieron del escenario político en las elecciones de 2021 por el poco apoyo popular obtenido (elecciones en que los partidos de Toledo y de García no participaron).
Después de operar a capacidad reducida durante la pandemia, los restaurantes peruanos regresaron a su capacidad total en febrero pasado.
Después de operar a capacidad reducida durante la pandemia, los restaurantes peruanos regresaron a su capacidad total en febrero pasado.
Los partidos son frágiles y se dividen fácilmente, con congresistas que tienen poca lealtad al grupo político al que fueron elegidos; de hecho, a menos de un año del Congreso en funciones desde 2021, ya Perú Libre perdió tres de ellos que se fueron a formar otra bancada (aunque generalmente votan en el mismo sentido que el partido de gobierno), y también algunos parlamentarios de otros movimientos han formado grupo aparte.
En general muchos congresistas postulan por un partido solo con la intención de llegar al poder, y en la siguiente elección pueden cambiar. Y a varios se les considera “vientres de alquiler”, pues se prestan para que un candidato a la Presidencia postule, y en la siguiente elección puede ser otro candidato el que lo haga, incluso de posiciones ideológicas opuestas. El caso más puntual es Avanza País, que postuló en las elecciones de 2021 a Hernando de Soto, un candidato conservador, cuando en 2006 postuló a la Presidencia a Ulises Humala, candidato radical de izquierda.
GRUPOS POLÍTICOS NO GENERAN CONFIANZA
El otro problema y causa de la inestabilidad política es la corrupción. La clase política en el Perú está muy desprestigiada. Todos los presidentes, desde Alberto Fujimori hasta el actual Pedro Castillo (con la excepción de Paniagua y Sagasti, que gobernaron brevemente reemplazando a presidentes vacados) tienen serias acusaciones de corrupción y varios de ellos están condenados o enjuiciados.
Fujimori fue condenado a la cárcel, Toledo está preso en Estados Unidos y en proceso de extradición al Perú, García se suicidó antes de ser enjuiciado, Ollanta estuvo preso y está en proceso judicial, Kuczynski estuvo en prisión domiciliaria, y Vizcarra está en un proceso judicial. Castillo tiene serias acusaciones de corrupción, con sus sobrinos cercanos a él, que frecuentaban Palacio de Gobierno, acusados de encabezar una red de corrupción. Ellos están prófugos de la justicia, y también varios dirigentes del partido gobernante están acusados de corrupción.
La corrupción es generalizada; tanto el gobierno como la oposición están desacreditados. Por ejemplo, de los 25 gobernadores regionales, que representan a diversos partidos políticos, 22 están investigados por corrupción y algunos presos o prófugos de la justicia.
La situación política inestable tiene visos de continuar y no hay solución a la vista. Dado el abierto enfrentamiento de la mayoría del Congreso con el Gobierno, y que el Congreso no puede sacar al presidente, pues la oposición no reúne los 87 votos necesarios para ello, algunas fuerzas políticas plantean unas nuevas elecciones generales que sirvan como salida al impasse político.
El Gobierno no va a considerar estas peticiones, pues Perú Libre, con Castillo a la cabeza, quiere quedarse en el poder, más ahora cuando hay serias acusaciones de corrupción en su contra.
De igual manera, el Congreso tampoco reúne los votos necesarios para ello, ya que varios congresistas no quieren acortar su mandato. Y aunque haya elecciones generales, nada asegura que el nuevo Congreso y el nuevo presidente elegido sean mejores que los actuales, y es probable que la atomización del sistema político continúe.
