Diego C. Delgado Jara
1. Rafael Correa y Jaime Nebot proclamaron presidente a Guillermo Lasso, sabiendo quien era y que intereses defendía, y son sus corresponsables históricos, políticos y morales de su gestión. Sin los votos en el CNE, identificados políticamente con los intereses de Correa (Diana Atamaint y Estela Acero) y Nebot (José Cabrera Zurita), tres de los cinco vocales, la mayoría absoluta, nunca hubiese sido proclamado presidente Guillermo Lasso. Lasso, como si nada, era el auspiciante identificado de los dos últimos miembros del organismo electoral (Enrique Pita y Luis Verdesoto).
2. El ciento por ciento del CNE estaba y se halla en manos o bajo la influencia total de la argolla oligárquica Lasso, Correa, Nebot y Moreno, por decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio encabezado por Julio César Trujillo. ¡Nos remitimos a los hechos, a las evidencias y a la realidad!
3. Este CNE, elegido de forma inconstitucional por violar el Art. 210, inciso tercero de la Constitución, que prohíbe la reelección de sus vocales, jamás permitió el recuento de votos y la apertura de urnas. Tenían pavor que se evidencie, de modo irrebatible, que los finalistas no eran tales y que una buena parte de asambleístas “elegidos” tampoco lo fueron, en tanto ciudadanos con auténtico apoyo social quedaban fuera. ¡El propio Lasso, con el apoyo de Correa desde Bélgica, pidió, luego de haber aceptado, que no se recuente el 100% de los votos del Guayas y el 50% de quince provincias del país! ¡Sabían que no eran finalistas!
4. No es ninguna casualidad que desde hace años no se publican los padrones o listas de ciudadanos capacitados para votar, como siempre se hacía con la referencia de las mesas de las parroquias donde les corresponde sufragar. ¿Por qué? Para que no se verifiquen las presencias de incontables miles de fallecidos y eventuales nombres falsos incorporados. El 7 de febrero del 2021 habían más de un millón de votantes fantasmas en base a comparar las cifras, provincia por provincia, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y el Consejo Nacional Electoral, CNE. Tampoco se permitió analizar la idoneidad del sistema electrónico utilizado en las elecciones. Gran parte de los funcionarios que manejan el sistema electrónico son los mismos del correísmo. No existe ninguna independencia electoral. En Ecuador no existen elecciones sino solo proclamaciones.
5. Desafiando a la conciencia nacional y tratando a los ciudadanos como si fuésemos un gajo de ingenuos incurables, el CNE proclamó los resultados sin ninguna verificación social, y las cifras más que dudosas, y esos datos falsos, sin permitir la verificación de nadie, absolutamente de nadie, los elevaron a la categoría de dogma de fe. En forma idéntica a las “elecciones” y “reelecciones” de Correa, y a la “elección” de Lenin Moreno, de las que existe amplia constancia documental de su designación fraudulenta. Correa exigía desde Bélgica, a grito pelado, con total descaro, al CNE de bolsillo, hacerlo finalista a Lasso, quien ganó solo en 2 de las 24 provincias: Pichincha, por la votación de Quito, y en Galápagos, que tiene 16 mil votantes. Nada más. Perdió en 22 provincias. ¿De qué “enemigos” o “adversarios” hablamos?
6. Lasso es el único mandatario que, en décadas, no obtuvo ni la décima parte de curules legislativas. Pachakutik y sus aliados, ganando en 14 de las 24 provincias, quedaron fuera de la final. ¡El sistema oligárquico de dominación y los auspiciantes de la globalización no hacen concesiones! ¡El que crea o suponga que en el Ecuador contemporáneo hay elecciones y respeto a la voluntad íntima del pueblo está soñando! ¡Las supuestas y promocionadas “contradicciones” entre Lasso y Correa son una ficción! ¿Puede olvidar la ciudadanía que Jaime Nebot Saadi y el Partido Social Cristiano fueron los principales auspiciantes de Guillermo Lasso?
POLÍTICA IDENTICA DE LASSO, CORREA Y NEBOT
1. ¿Alguien puede creer que si Lasso no hubiese encarnado los anhelos del PSC y de Nebot hubiese sido auspiciado por este sector político? ¿Alguien ha escuchado alguna vez que Nebot proponga derogar las leyes privatizadoras de Correa y que las está aplicando Lasso?
2. ¿Cómo entender que el banquero derechista Lasso ayudó por reiteradas veces a financiar la campaña electoral del supuesto “izquierdista” Rafael Correa, gran privatizador y destructor del sistema educativo fiscal y laico, así como del régimen de salud, entre otros campos?
3. ¿Quién explica el por qué el derechista Lasso defiende a dentelladas las leyes privatizadoras que las aprobó el falso “izquierdista” Correa y el fascismo del siglo XXI, y que las está aplicando?
4. ¿Por qué Lasso no propicia ninguna acción legal en contra de todas las incorreciones del correísmo, como ofreció de manera solemne en campaña electoral, ni ha recuperado un solo centavo de sus escandalosos negociados y sobreprecios que gozan de total impunidad?
5. ¿Cuál es la diferencia del privatizador Correa respecto al privatizador Lasso, en base a las mismas leyes aprobadas por el primero? ¿Si Lasso está contra la corrupción correista, como dice, por qué no existe una sola pregunta, en la consulta que promociona, al respecto de la corrupción y del manejo de la justicia? ¡Lasso protege a Correa y es el jefe de campaña para el retorno al poder de su hermano de cofradía!
BANCOS CENTRALES DE LA MISIÓN KEMMERER
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
En los EEUU la fundación de un banco centralizado, primero en 1791 y después en 1836, resultó temporal. A inicios del siglo XX y en plena expansión imperialista, un grupo de políticos y economistas reunidos en secreto y aislamiento en la remota isla de Jekyll, diseñaron el moderno sistema bancario que luego se aprobó en el Congreso, dando origen a la Federal Reserve System (FR o banco central, https://bit.ly/3gnUlVB) en diciembre de 1913, bajo el gobierno de Woodrow Wilson (1913-1921). Era un consorcio entre los bancos privados y el gobierno, con autonomía y teóricamente “lejos” de las influencias políticas del Ejecutivo. Cuando la I Guerra Mundial (1914-1918) afectó seriamente el comercio exterior latinoamericano con Europa, los EEUU aprovecharon la oportunidad para consolidar su presencia en todo el continente. En mayo de 1915, por convocatoria del presidente Wilson, se realizó en Washington el Primer Congreso Financiero Panamericano, al que asistieron 18 países. El Secretario de Hacienda, que presidió ese congreso, informó al presidente que los créditos europeos “deben ser reemplazados por créditos de los Estados Unidos”; y, además, consideró que la primera medida a adoptar debía ser el establecimiento de sucursales o agencias bancarias, pues ellas podrían “hacer un gran servicio a los hombres de negocios y banqueros norteamericanos, dándoles informes sobre el crédito y los datos generales acerca del comercio y las condiciones financieras de los distintos países en donde trabajen.” El Congreso acordó una “legislación uniforme” para adoptar el “patrón oro” y regular los documentos mercantiles, aduanas, aranceles y derechos de propiedad (https://bit.ly/3AQU7xB). Pero las ideas y propuestas no se concretaron.
Si bien desde 1911 existía en Bolivia el Banco de la Nación, el ejemplo de modernidad y adelanto que ofrecían los EEUU condujeron a la fundación del “Banco de la Nación Boliviana” en 1914, que adoptó el monopolio de la emisión monetaria, tratando de seguir los lineamientos de la FR. Fue un hecho excepcional y pionero en América Latina, porque en otros países actuó una misión de expertos liderada por Edwin Walter Kemmerer, un prestigioso economista y profesor de la Universidad de Princeton, experto en finanzas internacionales, defensor y promotor del sistema de la FR, a quien se le conoció como “money doctor”. Sus asesorías no tuvieron un carácter oficial ni dependencia con el gobierno norteamericano, pero, en los hechos, realizaban la labor expansionista, llegando con sus propuestas a Filipinas (1904/1906), México (1917), Guatemala (1919) y a los países andinos de Sudamérica: Colombia (1923), Chile (1925), Ecuador (1926), Bolivia (1927) y Perú (1931). El historiador Paul Drake ha estudiado ampliamente esa trayectoria de Kemmerer en los Andes.
Llamado por los gobernantes de los distintos países, se tenía a Kemmerer como técnico, sabio y ajeno a la política. De hecho, en los países sudamericanos, no había profesionales con la experiencia ni los conocimientos comparables a los que tenían los expertos norteamericanos. Tampoco existían facultades de economía. En todos se confió que la aureola de extranjeros expertos servía para apuntalar la creación de bancos centrales como proyectos económicos modernizantes. La Misión Kemmerer procuró acoplar el sistema de la FR a los países visitados, mediante la implantación del monopolio en la emisión de moneda, el patrón oro (50% de la emisión debía respaldarse en oro), créditos, garantías a los bancos asociados, topes en los préstamos al gobierno (fluctuó entre el 20 y el 45%), control del flujo monetario, la tasa de cambio y el interés. Ante el cierre del mercado europeo, los gobiernos andinos querían atraer créditos bancarios e inversiones de los EEUU. De manera que la era de expansión del imperialismo norteamericano coincidió con las necesidades económicas latinoamericanas para el despegue de su vía hacia el desarrollo capitalista, bajo condiciones de dependencia externa.
En Colombia hubo recelos entre los bancos y temor ante la posible preeminencia del gobierno, algo que se repitió en los otros países. Pero Kemmerer introdujo directorios con la participación no solo del gobierno, sino de los banqueros nacionales, de los extranjeros (Ecuador no los tenía) y, además, de representantes de los gremios de comerciantes, agricultores (también otro de los cafetaleros en Colombia) e industriales e incluso uno por los trabajadores sindicalizados en Ecuador, Perú y Chile (además de otro por los productores del salitre). En Bolivia quedó apuntalado el banco central aprovechando del existente y dándole el formato nuevo, que incluyó en el directorio a un representante de los bancos acreedores de la enorme deuda externa. En todos los casos, se trató de evitar tanto la hegemonía del gobierno como de los banqueros, con directorios “pluriclasistas”. El caso ecuatoriano merece particular atención porque la creación del Banco Central (BCE, 1927), seriamente resistida por la plutocracia, a pesar de que los bancos privados participaban obligatoriamente en esta naciente sociedad anónima, paradójicamente resultó un instrumento de la Revolución Juliana (1925-1931), que inició el largo camino de la superación del régimen oligárquico tradicional (https://bit.ly/3UPNiEp).
La crisis iniciada en 1929 en los EEUU, que tan alarmantes consecuencias trajo a la economía mundial, alteró el panorama de los bancos centrales latinoamericanos. Desde 1931 comenzó a abandonarse el patrón oro, se forzó a tales bancos a otorgar mayores créditos a los gobiernos para arreglar tanto el déficit fiscal como la financiación de obras, se restringieron otros créditos, así como la emisión monetaria para aplacar la inflación y, finalmente, durante esa década, los Estados pasaron a gobernar a los bancos centrales, acabando con la “autonomía” soñada por Kemmerer. El intervencionismo sobre los bancos centrales también se debió a las especiales condiciones vividas por el conflicto de Leticia entre Colombia y Perú (1932/1933) y en Bolivia por la “guerra del Chaco” contra Paraguay (1932/1935). El supuesto carácter “técnico” de los bancos centrales quedó sujeto, en adelante, a la vorágine de la vida política de América Latina.
Ecuador nuevamente es un caso particular para ilustrar el drama de las economías latinoamericanas. El efímero Encargado del poder, Alfredo Baquerizo Moreno (1931-1932), miembro de la oligarquía guayaquileña y presidente del país durante la “época plutocrática” entre 1916-1920, suspendió el patrón oro y, además, conminó al BCE a que le otorgara un préstamo por 15 millones de sucres, que también serviría para crear una “Caja de Crédito Agrícola” (https://bit.ly/3VbDJ2k). Comenzaba la disputa por los fondos de la mayor institución bancaria del país entre las distintas fracciones de las elites económicas, de modo que se impuso la política sobre las “racionalidades” de la economía. Sin que ningún sector alcanzara la hegemonía del poder, entre 1931 y 1948 Ecuador vivió la época de mayor inestabilidad en su historia, con la sucesión de una veintena de gobiernos, en medio de la prolongada crisis económica. Décadas más tarde, durante los 90, fueron recursos del BCE los que sirvieron para cubrir los “salvatajes” bancarios; y luego del feriado bancario (1999) el gobierno de Jamil Mahuad conminó a la institución para adoptar la dolarización (2000). En 2021el gobierno de Lenín Moreno aprobó la “Ley de Defensa de la Dolarización”, que se ha considerado como una verdadera “privatización” del BCE (https://bit.ly/3hrfFba)
La historia de la Misión Kemmerer demostró que la economía latinoamericana no dependía de decisiones técnicas ni de las estabilidades institucionales que podían encontrarse en los EEUU. Sobre las economías nacionales se han impuesto los vaivenes de las economías capitalistas centrales. Pero, además, en forma recurrente, se impone la política, porque se movilizan tras ella los diversos sectores de la sociedad interesados en inclinar los recursos a su favor. Es una experiencia del pasado, continuada hasta el presente.
ECUADOR ¿SOBREVIVIRÁ LA CIUDADANÍA?
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
La magnitud de la desinstitucionalización del Ecuador y particularmente la inseguridad ciudadana, el problema de las cárceles y la inacción del gobierno del presidente Guillermo Lasso para enfrentar estas situaciones, han pasado a ser noticias internacionales de primera línea. Un reporte de DW es contundente ttps://bit.ly/3DWvC2L); y otras notas de CNN, France 24, El País, Telesur, incluso RT y Sputnik, además de los diarios más importantes en América Latina. Ecuador, que fue un referente en la región durante la década de la “Revolución Ciudadana”, cuando existía un extendido orgullo nacional, es hoy un país internacionalmente sujeto a referencias negativas e internamente apreciado como un verdadero “desastre”.
El mismo gobierno carece de alguna imagen aceptable y, de acuerdo con distintas encuestas, el apoyo ciudadano a su gestión apenas llega al 10%. En el ambiente nacional se ha extendido el desengaño en la vida cotidiana, la frustración e impotencia frente a lo que se vive, la desconfianza frente a los políticos y los partidos, la pérdida de esperanzas frente al futuro, la sensación de que nada funciona, que nadie quiere solucionarlo y que el abandono es una realidad imparable. Todo ello, además, en un marco de corrupción pública y privada sin precedentes. Y, por tanto, ha crecido la idea de irse del país, a tal punto que la emigración de ecuatorianos vuelve a dispararse, como ya ocurrió desde fines de la década de 1990.
Tampoco despega la economía como se sueña. Predomina la voracidad de elites empresariales ajenas a lo que ocurre y solo preocupadas por el achicamiento del Estado, la privatización de sus bienes, servicios y recursos, la reducción de los impuestos, la maximización de ganancias y la explotación social por intermedio de las flexibilizaciones laborales.
También en el exterior se buscan explicaciones sobre este agudo cuadro de subdesarrollo y retroceso histórico que ha ocurrido en Ecuador y que se vuelve noticia alarmante. Y si bien internamente ha tenido relativo éxito acusar de todo al “correísmo”, en el exterior nadie se cree semejante mito y mucho menos quienes estudian, siguen e investigan sobre las realidades latinoamericanas. De hecho, hay suficientes informes de organismos internacionales, como los de CEPAL, PNUD, OIT e incluso BM y hasta FMI que permiten comparar lo que ocurrió durante la década “correísta” y lo que ha sucedido en el país durante los últimos cinco años. La literatura abunda, solo que pocos parecen informarse sobre estos temas y lo común ha sido seguir las opiniones políticas de las derechas internas, el periodismo vinculado con ellas y los criterios del neoliberalismo criollo. Pero también bastaría revisar los datos de las instituciones nacionales como BCE, SRI, INEC, los ministerios económicos y sociales, o los estudios que realizan las más importantes universidades ecuatorianas, para lograr al menos un mínimo cuadro sobre la realidad, que niega precisamente las visiones que se imponen por la simple opinión política. Hay un sector académico que incluso considera que la “época correísta” no fue de izquierda, criminalizó la protesta social y encumbró un “neo-neoliberalismo”, que dejó intocado la vía capitalista del país. Aún así, sus mismos análisis y datos demuestran que nunca se tuvo una situación como la que Ecuador ha vivido durante los últimos cinco años.
Históricamente, el inicio del “desastre” nacional está en el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Su presidencia nació del apoyo que le dio la Revolución Ciudadana y la promoción directa que realizó Rafael Correa. Todo hacía prever que habría continuidad. Pero bastaron pocos meses para que el giro gubernamental comenzara y que finalmente se impusiera otra conducción política, social y, ante todo, económica, como lo hemos demostrado varios autores en un reciente libro (https://bit.ly/3Nyy1ou). Convencido que había que acabar con el “correísmo”, contra el cual podían exhibirse escandalosos casos de corrupción, Moreno enfiló, además, contra bienes, infraestructuras y servicios del pasado. Baste de ejemplo lo sucedido con el ferrocarril, los correos y el registro civil: los primeros suprimidos, el otro en caos. Acogiendo la ideología neoliberal e identificándose con los intereses de los grandes grupos económicos, Moreno desinstitucionalizó el Estado con la idea de achicarlo, mientras privilegió a las elites empresariales. Incluso fueron afectadas las antiguas capacidades, recursos y orientaciones que tuvieron las fuerzas armadas y sobre todo la policía.
Guillermo Lasso recibió un país inviable no en 14 años de “correísmo”, como frecuentemente sostienen el mismo presidente y sus partidarios, sino en 4 años de un gobierno que fue respaldado por las derechas políticas y los mismos grupos económicos que se identifican con el nuevo gobierno del presidente banquero. Uno puede explicarse que en el fragor de las confrontaciones políticas también Lasso continúe con el discurso de las acusaciones contra el “correísmo” en cuanto requiere justificar su inoperancia. Pero, como siempre, la realidad de los hechos, las cifras, las investigaciones y los informes incluso oficiales y, además internacionales, llevan a otras conclusiones: las políticas neoliberales, inspiradas por los intereses de una oligarquía rapaz, como es la ecuatoriana, y que han sido acogidas como fundamento de un gobierno que se abandera del libre mercado y la libre empresa, han conducido al “derrumbe” del Estado y a vivir una situación inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales. Porque las cifras sobre delincuencia y crímenes en Ecuador del año 2022 superan a cualquier pasado. Es increíble que una mujer haya sido asesinada en un cuartel policial, así como tener un país en el cual las cárceles pasaron a ser “territorios” controlados por grupos internos. Y que desde allí se dirijan operaciones externas por acceso al internet y a teléfonos celulares. De acuerdo con un detallado informe de la CIDH de marzo/2022, no existe control efectivo del Estado en los centros penitenciarios (https://bit.ly/3E07wVH).
Desde luego, hay que distinguir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común, porque tienen causas y comportamientos distintos, según los variados estudios que existen sobre el tema en los ámbitos latinoamericanos. Pero el problema, como hoy ha estallado, cualquiera sea la explicación forzada o real que se pretenda, es un fenómeno que ha puesto en riesgo a los ciudadanos que realizan su vida cotidiana. Y todos esperan que el Estado adopte las soluciones pertinentes e inmediatas. Ojalá pueda hacerlo el gobierno del presidente Lasso, quien, de lograrlo, incluso vería crecer su propia credibilidad e imagen y fortalecería a las mismas derechas políticas.
Sin embargo, existe un problema de fondo. La oligarquía empresarial-neoliberal ecuatoriana se ha demostrado incapaz de comprender las raíces estructurales de la violencia y de las condiciones de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la conflictividad social. En consecuencia, los políticos que la representan plantean “soluciones” en la superficie: libre porte de armas, leyes drásticas, uso directo de la fuerza. Lo extienden a la represión de las manifestaciones sociales, que esas elites dominantes siempre descalifican como violentas. El gobierno, vinculado a los intereses de esas elites, no concibe el rol fundamental del Estado para hacer inversiones masivas a fin de mejorar las condiciones de vida, trabajo y seguridad. Todos confían que el mercado y la empresa privada traigan empleo y democracia. Todos igualmente desconocen propuestas avanzadas como las de CEPAL, para un cambio en el modelo de desarrollo, que brinde producción, inclusión y sostenibilidad (https://bit.ly/3WtCugh). Tildan de “comunismo” cualquier propuesta de economía social. Pero la historia latinoamericana contemporánea ha demostrado el nefasto camino empresarial-neoliberal. Por eso la región ha ingresado a un nuevo ciclo progresista. En esta geografía, Ecuador es una isla sudamericana sujeta todavía a los viejos dogmas de los años 80 y 90 del pasado siglo XX.
